El exedil del BNG, acusado de prevaricación, dice que nadie le advirtió de ilegalidades
10 abr 2019 . Actualizado a las 21:14 h.Ni sabía que el procedimiento elegido para adjudicar unas obras podría ser ilegal ni conocía tampoco a las empresas que resultaron escogidas para realizar los proyectos. Andrés García Mata, exedil de Infraestructuras del BNG en el Concello de Ourense, defendió este miércoles su gestión en la tramitación de las reformas de la plaza Paz Nóvoa y Bedoya, dos proyectos adjudicados por el procedimiento negociado y sin publicidad a finales del año 2008.
Mata, que está acusado de prevaricación por haber decidido llevar el procedimiento bajo esa fórmula, en contra presuntamente de las recomendaciones tanto del interventor como del asesor jurídico del Concello, negó durante su declaración ante la titular del Juzgado de lo Penal 1 de Ourense, Blanca Díez Mediavilla, haber contravenido los consejos legales. «Eu son médico, levaba un ano no Concello e non tiña experiencia», reconoció Mata, quien explicó que convocó una reunión para que los técnicos municipales le asesorasen sobre cómo se podían hacer las cosas. Se había conseguido una subvención de la Xunta para cubrir el 60 % de las obras en ambas zonas de la ciudad y había que actuar de forma urgente para no perder ese dinero.
Sobre lo ocurrido en aquel encuentro hay distintas versiones. Mata aseguró que ni el interventor ni el asesor jurídico le advirtieron de que no se podía utilizar el procedimiento negociado y sin publicidad para acometer los proyectos, en contra de lo que sospecha la Fiscalía, que pide ocho años y medio de inhabilitación. Según el exconcejal, alejado de la política desde hace varios años, actuó según lo que le recomendaron. «¿Como ía facer eu o contrario do que me dixeron? Ninguén me advertiu de nada», insistió, reconociendo eso sí que aquella fue la primera y única vez que acudieron a esa fórmula para la adjudicación de obras. Respecto al hecho de que el expediente se aprobase como asunto fuera del orden del día en una junta de gobierno celebrada el 4 de septiembre, aseguró que era habitual que hubiese asuntos urgentes y dijo también no tener constancia de si se habían hecho los informes necesarios, puesto que esa no era su función. Sobre las seis empresas a las que se invitó a participar en las obras, tres para cada proyecto, afirmó no recordar cuáles eran ni tampoco conocer a sus responsables. «Eu son médico», volvió a decir. A preguntas de su letrado, García Mata insistió en que «só nos preocupaba o ben da cidade» y dijo que nunca habría seguido adelante con las obras si hubiera sabido que incumplía la ley. «Estou orgulloso de participar para que saíran adiante», dijo no obstante, recordando que «foi unha obra boa».
Distinta fue, sin embargo, la versión de lo ocurrido en aquella reunión que aportaron en la vista la jefa de negociado y el interventor municipal. La primera recordó que tanto este último como el asesor jurídico dijeron a García Mata que el proceso sin publicidad no era el adecuado. «Quedó claro que la ley no permitía hacerlo así, y el interventor advirtió que pondría reparos si se hacía de esa forma», dijo la testigo.
Gonzalo Alonso, por su parte, lo ratificó. «Se lo dije claramente, y también que era motivo de reparo», advirtió el interventor municipal, que también aseguró durante su declaración que si no hizo esas advertencias fue porque «no se me facilitó el expediente, por lo que no pude informar». Ratificó ante la jueza que, en su opinión, aquel proyecto «no cumplía los requisitos que marca la ley para hacerse negociado y sin publicidad».
Gonzalo Jácome: «Nos chivaron la información; fuimos a mirar y luego a la Justicia»
Las presuntas irregularidades cometidas en la adjudicación de las obras de Bedoya y Paz Nóvoa, que tuvieron un coste de 592.793 euros en el primer caso y otros 434.812 en el segundo, llegaron a oídos de Democracia Ourensana tres años después de los hechos, en 2011. «Cuando nosotros llegamos a la corporación nos chivaron la información», explicó Gonzalo Pérez Jácome, portavoz de la formación, quien detalló que «fuimos a mirar el expediente y sospechamos que podría haber una prevaricación, así que acudimos a la Justicia». Aunque tanto la jueza como el abogado defensor le conminaron a que dijese quién había sido el responsable de la filtración, aseguró no recordarlo, como tampoco la irregularidad que observó en el expediente. «Creo que faltaban informes obligatorios», dijo.
Citación con la policía
La ausencia más sonada de la primera sesión del juicio fue la de Luis Tros, asesor jurídico del Concello en aquella época. Dado que fue una de las personas que, presuntamente, advirtió a Mata sobre la ilegalidad de llevar a cabo el proyecto con un proceso sin publicidad, su testimonio resulta clave. Por ese motivo la jueza anunció que volvería a ser citado, por medio de la policía, para que comparezca este jueves.
Entre el público asistente a la vista se encontraban amigos y familiares de Mata y también compañeros en la política, como Áurea Soto, exedila de Urbanismo, que también se ha enfrentado a varios procesos judiciales.