Crece la presión a los clubes de alterne por tener trabajadoras irregulares

Cuando la Inspección detecta a empleadas que no tienen un contrato su primer paso siempre es realizar una inspección


ourense

El problema de la prostitución continúa sin abordarse de una manera integral y tiene demasiadas vertientes, que en ocasiones acaban incluso en contradicciones por parte de los diferentes agentes implicados en su control. Prueba de ello da el Boletín Oficial de la Provincia, que de manera regular publica notificaciones emitidas por la autoridad laboral para localizar a mujeres que supuestamente mantienen una relación laboral con empresarios de clubes de alterne. Es una voz de alarma pública sobre un asunto que no siempre sale a la luz. Los procedimientos abiertos por la Seguridad Social tienen que ver con la vertiente estrictamente laboral y sobre el hecho de si las mujeres que alternan en diferentes prostíbulos mantienen o no una relación laboral con el empresario.

Cuando Trabajo detecta a empleadas que no están dadas de alta en la Seguridad Social ni tienen un contrato de trabajo su primer paso siempre es realizar una inspección en los clubes de alterne. Van acompañados de agentes de Extranjería y su objetivo es comprobar dos cuestiones distintas. Por un lado, comprobar si mantienen esa relación laboral acreditando si cuentan con un horario preestablecido, si visten con una «indumentaria especial» y si cobran una comisión por las copas que toman y a las que son invitadas por los clientes. Por otro lado, se investiga si las mujeres cuentan con los permisos pertinentes de residencia. Tras realizar todas las comprobaciones, los agentes levantan acta y da lugar a un expediente para averiguar si existe o no esa relación laboral entre el empresario y las mujeres que están en el club de alterne. Este de entrada, según explican fuentes del Gobierno en la provincia, siempre lo niega. Sin embargo, en los juzgados todas estas demandas acaban de parte de la administración al entender que queda probada esa relación laboral y que, por tanto, el empresario debe de hacer frente al pago de una sanción -suele situarse en torno a los 10.000 euros- por no haber dado de alta a la trabajadora, además de los atrasos generados con la Seguridad Social por no cotizar por esa empleada.

¿Y si la mujer que ejerce la prostitución carece de permiso de residencia? Ahí el escenario cambia de manera radical. La tesis que mantiene el Estado en todos los pleitos que se han generado en la provincia en los últimos años sobre esta temática es la misma y, según fuentes del Gobierno, se basa en lo que dice el Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo, que considera que el trabajo de alterne puede atentar contra la libertad sexual y que, por tanto, debe ser considerado nulo y no puede amparar un permiso de residencia en España. En caso de que la trabajadora no pueda lograr el permiso de residencia por otras vías, como puede ser la del arraigo, estos procedimientos que se abren de oficio acaban con la incoación de un proceso de expulsión por ser considerada una inmigrante ilegal.

Desde el Gobierno central se ha incrementado la presión sobre los clubes de alterne para acabar con este tipo de prácticas ilegales, toda vez que consideran que en muchos casos se convierten en un foco de problemas de orden público. Según las mismas fuentes, en el último año se han llevado a cabo entre cinco y seis demandas de oficio sobre otros tantos locales repartidos por la provincia de Ourense.

Relación acreditada

Una sentencia del juzgado de lo social de Ourense del año 2018 puede servir de muestra sobre el baremo que sigue la justicia para determinar si existe o no relación laboral entre el dueño del club y las mujeres que están en el local y no tienen condición de camareras. «En el momento de la inspección, prestaba servicios captando clientes para que hicieran consumiciones en el establecimiento con el consiguiente beneficio económico para el empresario, quedándose el local con la mitad del precio de la consumición y la trabajadora la otra mitad, en un horario comprendido entre las 21.00 y las 3.00 horas, llevando la trabajadora una indumentaria especial y realizando, por tanto, un trabajo remunerado dentro del ámbito de la organización de la demandada».

Dificultades para obtener «pruebas contundentes»

No siempre es sencillo para la Administración demostrar qué tipo de relación laboral existe entre el dueño del club y las empleadas. Una reciente sentencia del juzgado contencioso número 1 de Ourense daba la razón a una mujer que exigía la residencia por trabajar como auxiliar de camarera. El Gobierno se oponía al considerar que se dedicaba al alterne y que existen sentencias del Tribunal de Justicia de Derechos Humanos de Estrasburgo y del Tribunal Supremo que consideran que el poder de dirección puede influir en la trabajadora de alterne al rozar el derecho a la libertad sexual, aunque no haya ninguna conducta sexual. Eso haría que el contrato fuese nulo y no podría amparar la situación jurídica de la mujer. El argumento defendido por el Estado fue rechazado por el juez, al entender que no había ninguna «prueba contundente» que demostrase que hacía labores de alterne y no de auxiliar de camarera. «En el informe policial se destaca la multiplicidad de camareras y personas que tiene contratadas haciendo hincapié en que, dada la actividad, se puede producir una colisión de elementos en conflicto. Si la administración considera que el local tiene como actividad la explotación de la prostitución y que puede haber una situación de personas explotadas se supone o es de esperar que ya actuó o debería hacerlo cuanto antes», concluye el fallo.

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