El Tribunal inadmite el recurso de la institución contra las sentencias que concluían que la institución limitaba el acceso a esas plazas de forma injustificada
03 abr 2019 . Actualizado a las 16:58 h.Después de pronunciarse el Tribunal Supremo, a la Diputación se le acaban los recursos para tratar de frenar la anulación de un concurso convocado en el año 2016 para cubrir 69 plazas por el sistema de promoción interna. Las bases de aquella convocatoria limitaban injustificadamente el acceso a esos puestos, de modo que salían beneficiados los trabajadores que hasta el momento realizaban esas funciones de forma provisional.
«No se aprecia justificación alguna a tal exigencia, salvo que sea para asignar una plaza como funcionario a aquellas personas que venían desempeñándolas en condiciones de interinidad, o incluso que ya eran funcionarios, y que así verían mejoradas sus condiciones, evitando así que pudieran aspiran a aquellas personas que pudiesen reunir, o no, mayores méritos», decía la sentencia inicial del juzgado contencioso-administrativo número dos de Ourense, confirmada después por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.
A la Diputación ya solo le quedaba la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo y este ha inadmitido a trámite su recurso al considerar que las alegaciones de la institución provincial eran demasiado «genéricas». El gobierno liderado por José Manuel Baltar llegó a calificar los argumentos del juzgado contencioso-administrativo -ahora avalados por el Supremo- como «gravemente erróneos». Según informó en su día la Diputación, el error «reside en identificar a pertenza a unha categoría profesional co desempeño previo dun posto, cando son cousas distintas, xa que a categoría profesional non se adquire polo desempeño de ningún posto, senón pola superación das probas de acceso á función pública provincial ou á condición de persoal laboral fixo».
Sea como sea, las alegaciones de la institución provincial no han sido tenidas en cuenta y el sindicato que recurrió la convocatoria de esas plazas, la CIG, ha anunciado que pedirá la ejecución inmediata de esa sentencia. «Cabe perguntarse quen vai asumir a responsabilidade no goberno da Deputación desta desfeita, co custe para a cidadanía, da frustración das espectativas dos traballadores e de prácticas dirixidas a impedir o desenvolvemento dos principios de mérito e capacidade nas institucións públicas», destaca la organización sindical.
Desde la Diputación, el gobierno provincial argumenta que la sentencia aún no es firme porque aún debe volver a pronunciarse el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. La legislación permite trasladar de nuevo allí el recurso de casación siempre y cuando se entienda vulnerado alguna ley autonómica.