Cinco indicios mantienen abierta la investigación judicial a Freire Couto

El exalcalde de Barbadás sigue bajo sospecha de prevaricación, cohecho y blanqueo


ourense / la voz

La investigación por la presunta comisión de un delito continuado de prevaricación y cohecho contra José Manuel Freire Couto cuando era alcalde de Barbadás por el PP sigue viva en el Juzgado de Instrucción 3 de Ourense. El exregidor había interpuesto un recurso contra una resolución del mismo juzgado, que acordó, en el mes de mayo del año pasado, «la averiguación patrimonial de las personas investigadas así como recabar información registral y de las autoridades portuguesas», que fue desestimado. La instructora estableció, asimismo, un nuevo plazo máximo de 24 meses para recabar toda esta información, incluidos datos tributarios de Portugal y del patrimonio de las personas jurídicas, y tomar declaración a los ocho coinvestigados.

Porque además de Freire Couto, la investigación se sigue por prevaricación y cohecho contra otras cinco personas, entre ellas el que fuera administrador del grupo Mahía, Ramón López Casañ. También se investiga por un presunto delito de blanqueo de capitales a las sociedades Eichoa, Psico Bluster y Freire Couto S. L., además de a la mujer del exalcalde, M. J. F. B. y a la hija de ambos, A. F. F. y a una socia de esta en Psico Bluster.

De lo investigado hasta ahora, la instructora sostiene que se ha tenido conocimiento de que «presumiblemente están implicadas en varios delitos». Las diligencias de instrucción practicadas permitieron conocer que en julio del año 2002, el Concello de Barbadás, siendo alcalde Freire Couto, suscribió un convenio urbanístico con Mahía Grupo Inmobiliario, por el que el ayuntamiento cedía el 10 % del aprovechamiento que le correspondía en el área de reparto 1 (AR1) a cambio de ceder unos terrenos.

Según el auto de Instrucción 3 al que ha tenido acceso La Voz, en la modificación, aprobada en junio del 2006, del plan general de urbanismo en lo relativo al Plan Especial de Reforma Interior AR1 -un cambio que había sido instado por una filial de Mahía, Habitarama- «se infringe la legalidad». La legislación gallega no permite que haya propiedad privada de aparcamientos situados en el subsuelo de espacios de dominio público. El registrador de la propiedad denegó por este motivo la inscripción de los inmuebles.

Por otro lado, según recoge el auto, en el año 2004 la entidad Alba María Sociedade Promotora de Bens Inmoveis, que carecía de actividad, compró dos inmuebles a la sociedad portuguesa López Noya, de la que era accionista Ramón L. C. De Alba María eran socios Freire Couto, su mujer M. J. F. B. y su hija, A. F. F. En el año 2006 su sociedad adquirió otros seis inmuebles a la misma entidad. «Ello sin que conste la forma de realización del pago, siendo los domicilios de ambas sociedades la misma rúa Brito Capelo, en Matosinhos».

Otra operación que se investiga es la venta, por parte del grupo Mahía, de un local destinado a vivienda de una planta octava de un edificio de la parcela uno del sector urbano A6. Actuó como representante del grupo inmobiliario P. E. B. I., también investigada en esta causa por supuesta prevaricación y cohecho, quien usó un poder otorgado por Ramón L. C., designado por la sociedad Exa Mahía, administradora del grupo. R.L. había otorgado ese poder a A. C. M. y a su esposa.

Otro indicio que aparece en el auto es la cesión de una opción de compra sobre una vivienda con plaza y garaje a la mercantil Eichoa, de la que era titular la mujer de Freire Couto. Dicha cesión la hizo una entidad, Promociones San Bieito, que figura entre los propietarios de las parcelas del área de reparto 1 con ocho fincas.

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