¿Alerta de seguridad?


Hace dos meses que se jubiló el agente de policía local que desde hace décadas estaba asignado a la Audiencia provincial. Esta institución ha tenido tradicionalmente un funcionario policial propio para garantizar la seguridad no solo de jueces y funcionarios, sino también durante los juicios que tienen lugar en este tribunal, donde se dirimen responsabilidades sobre los delitos más graves.

Ocho semanas después del cese del agente no hay por ahora nadie que lo sustituya. La escasez de efectivos en el cuerpo municipal, en el que han sido masivas las jubilaciones y escasas las incorporaciones desde hace muchos años, complica que el puesto se renueve con un funcionario de este cuerpo, así que a la espera de que la Xunta resuelva la petición hecha por el presidente de la institución, los juicios se están celebrando sin presencia policial.

También está incompleta la plantilla de seguridad en el edificio judicial de O Couto, a pesar de que desde hace años se recurre a empresas privadas para reforzar el servicio. Tampoco la Policía Nacional tiene efectivos suficientes para cubrir ese destino porque la realidad es que la falta de personal es un problema que afecta a todas los cuerpos de seguridad.

¿Y qué hacen ante esto las administraciones? Por lo visto, nada. En Ourense, el gobierno municipal sigue demorando la incorporación de policías locales, a pesar del problema de seguridad ciudadana que puede suponer la situación actual. Y no olvidemos a los bomberos, que llevan meses reclamando más personal y medios. Cuando pase algo, será demasiado tarde.

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