La Xunta acuerda nombrar un juez para desatascar Familia, pero sin exclusividad

Piden formación para los trabajadores que acaban de llegar a la sede, tras irse la mitad de la plantilla


ourense / la voz

El colapso del juzgado de Familia es un asunto que provoca preocupación desde hace meses entre los colectivos vinculados a la justicia y malestar entre los ciudadanos, pero por ahora los pasos dados por las administraciones para poner fin a esa situación parecen estar siendo demasiado tímidos. Así, el colegio de abogados de Ourense adelantaba esta misma semana de que a través de la Valedora do Pobo habían sido informados de que por parte de la Dirección Xeral de Xustiza se había acordado el nombramiento de un juez de refuerzo para esa sala, el Juzgado de Primera Instancia número 6. El gesto, que parecía un comienzo para poner remedio al atasco de asuntos que tiene el juzgado, podría sin embargo no ser tan positivo ya que fuentes judiciales han confirmado que se trata de una plaza sin relevación de funciones, lo que implica que el juez que se haga cargo del puesto tendría que compaginarlo con su trabajo habitual en otro juzgado.

Asunto distinto es el que afecta al letrado de la administración de justicia. Se trata de un nombramiento que compete al Ministerio de Justicia y a día de hoy no existen noticias algunas relativas a su aprobación, como tampoco del nombramiento de los funcionarios de apoyo que integrarían el juzgado bis. Así las cosas el día a día de la sede sigue siendo complicado, máxime después de que hace unas semanas se incorporaran nuevos funcionarios en sustitución de los que se fueron por la saturación «A realidade dunha mañá calquera é que resulta imposible que un funcionario poida traballar máis de vinte minutos seguidos sen ter que atender a avogados, procuradores, cidadáns ou consultas telefónicas», recordaron este mismo viernes desde Alternativas na Xustiza-Cut, que tilda de «dramática» la situación en la que vive esta sala, en la que entran una media de dos mil asuntos al año.

Desde esta central advierten de que la llegada de nuevos trabajadores ha supuesto un empeoramiento de la situación, ya que se trata en su mayor parte de funcionarios que no han trabajado en juzgados de familia y que necesitan un período de adaptación. «Resulta de extrema necesidade a formación do novo persoal, debido a que na actualidade están a realizar a función de formadores os funcionarios máis antigos, chegando a tal extremo de que son a xuíz e a letrada as que deben abandonar as súas obrigacións para ensinar ao persoal do xulgado», aseguran desde Cut. Reclaman, por tanto, al gobierno gallego, que cree un juzgado Bis con su propio personal. «Calquera outra medida suporía un parche que provocará que menores e incapacitados teñan que sufrir nas súas carnes os danos da falta de vontade da Xunta».

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