El juzgado urge a la Xunta a poner a su nombre la sede cameral, para subastarla

El titular registral de la oficina principal aún es el constructor que la vendió en 1968


Ourense

La complicada situación, económica e institucional, que vive desde hace muchos meses la Cámara de Comercio de Ourense sigue poniendo en riesgo la continuidad de la entidad o, cuando menos, limita las opciones de que pueda conservar por mucho más tiempo sus propiedades. Subastado ya uno de sus dos locales de la capital, el juzgado acorta ahora los plazos para proceder a la enajenación del segundo. Se trata de la oficina principal, con entrada por la avenida de la Habana, en la que todavía se mantiene, aunque sea en mínimos, la actividad de la institución.

Así, recientemente, el Juzgado de lo Social 3 ha dictado un auto en el que da un plazo de diez días para que la administración gallega subsane el error registral que impide que ese local sea subastado, un trámite que ya parece irreversible y que persigue que el dinero que se obtenga sirva para pagar las deudas económicas contraídas con la antigua plantilla de trabajadores, que podría rondar el millón de euros.

En el auto, se requiere tanto la secretaria de la Cámara de Comercio como al jefe territorial de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta para que en un plazo de diez días «proceda a presentar el documento original acreditativo de la compra de la finca». Ese documento deberá acreditarse en el registro de la propiedad 3 de Ourense, al objeto de que se haga el cambio de la «titularidad dominical registral a favor de la Cámara de Comercio».

Y es que a día de hoy en el registro sigue constando como propietario de la oficina el constructor que se la vendió a los responsables camerales en el año 1968. Se trata, en concreto, de Emilio Suárez Hermida, quien según la escritura notarial fechada el 20 de diciembre de ese año, enajenó la sede a José Fernández Borrajo, entonces presidente de la institución. Por las razones que fueran, aquella operación nunca se puso al día en el registro de la propiedad, un error que ahora deberá ser subsanado en el menor tiempo posible.

Desde finales del año 2017 la Xunta, y en concreto la Consellería de Economía, tutela a la entidad cameral ourensana, una vez que toda su directiva decidió presentar su dimisión ante la falta de ingresos y el escaso apoyo del empresariado ourensano. En ese local, que sigue prestando servicios a las firmas de la provincia, sobre todo para certificados de exportación, trabajan desde hace meses solo tres personas.

Con este trámite el juzgado pretende normalizar la situación legal de la oficina en aras de agilizar el procedimiento de subasta. Está pendiente, en este sentido, que se designe a un perito para que realice su tasación y también de que se pida una certificación de cargas. Podría haberse dado el caso, dado el error registral, de que se hubiese podido vender la oficina a algún particular. Si eso hubiese ocurrido, y no se pudiese demostrar que las partes actuaron de mala fe, es probable que la Cámara de Comercio, y por tanto la Xunta, nunca pudieran recuperar esa sede, como tampoco el juzgado subastarla. Habrá, pues, que comprobarlo.

En el origen de todo este asunto está la delicada situación en la que se vio inmersa la plantilla de la Cámara tras la dimisión de la directiva. Tras muchos meses sin cobrar denunciaron su situación en la Justicia, que les dio la razón.

Adjudicada la sede de San Lázaro a la sociedad que ofreció 152.000 euros

La descapitalización de la Cámara de Comercio debido a las deudas contraídas con la antigua plantilla de trabajadores ya es un hecho. El 27 de febrero el Juzgado de lo Social 1 de Ourense dictaba el decreto de adjudicación de uno de los dos locales que tenía la entidad en la capital de As Burgas. Se trata de la oficina que antaño se dedicaba a cursos de formación y despachos, con entrada por el parque de San Lázaro, que salió a subasta en septiembre del año pasado. Aunque estaba valorada en más de medio millón de euros, un único particular que ofreció 152.000 euros en nombre de una sociedad será finalmente quien se lo quede. La finca, por tanto, queda en manos de la sociedad Lameiras e Hijas S. L., quien en unos días ya podrá inscribirla en el registro a su nombre. 

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