Absueltos por falta de pruebas cuatro acusados de robar varios móviles en un centro comercial

Las cámaras de vigilancia los grabaron saliendo del establecimiento, pero no llevándose objetos sin pagar


Ourense / La Voz

La complicada situación, económica e institucional, que vive desde hace muchos meses la Cámara de Comercio de Ourense sigue poniendo en riesgo la continuidad de la entidad o, cuando menos, limita las opciones de que pueda conservar por mucho más tiempo sus propiedades. Subastado ya uno de sus dos locales de la capital, el juzgado acorta ahora los plazos para proceder a la enajenación del segundo. Se trata de la oficina principal, con entrada por la avenida de la Habana, en la que todavía se mantiene, aunque sea en mínimos, la actividad de la institución.

Así, recientemente, el Juzgado de lo Social 3 ha dictado un auto en el que da un plazo de diez días para que la administración gallega subsane el error registral que impide que ese local sea subastado, un trámite que ya parece irreversible y que persigue que el dinero que se obtenga sirva para pagar las deudas económicas contraídas con la antigua plantilla de trabajadores, que podría rondar el millón de euros.

En el auto, se requiere tanto la secretaria de la Cámara de Comercio como al jefe territorial de la Consellería de Economía e Industria de la Xunta para que en un plazo de diez días «proceda a presentar el documento original acreditativo de la compra de la finca». Ese documento deberá presentarse en el registro de la propiedad 3 de Ourense, al objeto de que se haga el cambio de la «titularidad dominical registral a favor de la Cámara de Comercio».

Y es que a día de hoy en el registro sigue constando como propietario de la oficina el constructor que se la vendió a los responsables camerales en el año 1968. Se trata, en concreto, de Emilio Suárez Hermida, quien según la escritura notarial fechada el 20 de diciembre de ese año, enajenó la sede a José Fernández Borrajo, entonces presidente de la institución. Por las razones que fueran, aquella operación nunca se puso al día en el registro de la propiedad, un error que ahora deberá ser subsanado en el menor tiempo posible.

Desde finales del año 2017 la Xunta, y en concreto la Consellería de Economía, tutela a la entidad cameral ourensana, una vez que toda su directiva decidió presentar su dimisión ante la falta de ingresos y el escaso apoyo del empresariado ourensano. En ese local, que sigue prestando servicios a las firmas de la provincia, sobre todo para certificados de exportación, trabajan desde hace meses solo tres personas.

Con este trámite el juzgado pretende normalizar la situación legal de la oficina en aras de agilizar el procedimiento de subasta. Está pendiente, en este sentido, que se designe a un perito para que realice su tasación y también de que se pida una certificación de cargas. No es probable pero tampoco se puede descartar que algún heredero del propietario registral haya podido vender la oficina a algún particular. Si eso hubiese ocurrido, y no se pudiese demostrar que las partes actuaron de mala fe, es probable que la Cámara de Comercio, y por tanto la Xunta, nunca pudieran recuperar esa sede, como tampoco el juzgado subastarla.

En el origen de todo este asunto está la delicada situación en la que se vio inmersa la plantilla de la Cámara tras la dimisión de la directiva. Tras muchos meses sin cobrar denunciaron su situación en la Justicia, que les dio la razón.

Las cámaras de seguridad de un centro comercial de Barbadás los grabaron cuando entraban del establecimiento y también cuando salían, pero no existen evidencias de que entre uno y otro gesto se hubiesen llevado sin pagar diversos dispositivos electrónicos. Es por ello que la magistrada del Juzgado de lo Penal 1 de la capital ourensana absuelve a tres hombres y una mujer que habían sido juzgados por hurto e integración en grupo criminal. El fiscal reclamaba para ellos penas de prisión, incluso de expulsión del territorio español en el caso de dos, por considerar que el habían sido los responsables de la desaparición de siete tabletas y siete consolas del establecimiento comercial, valoradas en tres mil euros.

Eso sí, la jueza considera ahora que las grabaciones de las cámaras de vigilancia, presentadas como prueba de cargo, no aportan evidencia alguna sobre este hecho. «En los fotogramas no puede apreciarse a ninguna persona cogiendo objetos del establecimiento», explica la togada, que concluye que no existen por tanto evidencias de que, como sostenía la acusación, los cuatro imputados «hayan actuado de una forma perfectamente coordinada, organizada y predeterminada para cometer la sustracción».

Los hechos que dieron lugar a esta causa judicial tuvieron su origen en la denuncia hecha el 5 de mayo del 2014 por un representante de Carrefour Ourense, aportando detalles sobre los hechos. Así, contó que un vigilante de seguridad encontró en uno de los probadores «un gran número de sistemas de seguridad abiertos y ocultos entre prendas de textil». Este empleado dijo haber visto a dos de los sospechosos salir del probador, por lo que los siguió y apuntó la matrícula de su coche.

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