La jueza ordena una nueva inspección del vehículo de los policías gemelos

Especialistas de criminalística de la Guardia Civil registraron el coche durante 4 horas


ourense / la voz

La investigación judicial sobre la muerte de un policía en la comisaría ourensana, ocurrida a primeros de abril del 2016, sigue abierta. Esta misma semana la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, Eva Armesto, ha ordenado la realización de otra prueba. Se trata de una nueva inspección ocular en el Volvo XC90 de los hermanos Roy y Bernardo D. L., investigados por el presunto homicidio de Celso Blanco, compañero en la Policía Nacional de Ourense.

No es la primera vez que se practica esta diligencia sobre el automóvil, que se encuentra precintado y custodiado en los garajes de la comisaría provincial de Policía desde la detención de los dos agentes, hermanos gemelos, efectuada en enero del 2018. La jueza ya practicó dos registros en las horas posteriores al arresto y ordenó realizar una tercera en el mes de febrero de ese mismo año.

En esta ocasión la inspección, que se llevó a cabo en la tarde del lunes, contemplaba la revisión del habitáculo del coche, ya que hasta el momento se había inspeccionado el maletero, del que se extrajo incluso la moqueta al objeto de buscar en ella la presencia de restos de ADN que pudieran contribuir a la investigación. En ese maletero ya se habían encontrado algunas manchas de sangre que se atribuyeron en un primer momento al fallecido, si bien las pruebas forenses descartaron que se tratase de restos humanos.

En la última diligencia especialistas del laboratorio de criminalística de la Guardia Civil, que formaban parte de la comitiva judicial que se trasladó hasta las dependencias de la comisaría provincial de Policía, en As Lagoas, revisaron el interior del todoterreno durante cuatro horas, entre las cinco de la tarde y las nueve de la noche, recogiendo muestras que ahora serán analizadas. Sus resultados podrían aportar, en su caso, nuevos indicios relativos a la presunta participación de Bernardo y Roy en la muerte de Celso Blanco. En un primer momento este suceso se atribuyó a un posible suicidio, si bien casi dos años después de que se produjera la titular de instrucción 3 de la capital ordenó el arresto de los dos hermanos, compañeros y amigos de la víctima, atribuyéndoles homicidio.

Al registro no acudió el letrado defensor de los gemelos, al que se le notificó apenas unas horas antes que se iba a realizar. Esta parte presentó el mismo lunes un escrito alegando que no existía urgencia alguna para inspeccionar un vehículo que lleva ya muchos meses precintado y custodiado por las fuerzas de seguridad, si bien su alegación fue rechazada y finalmente se practicó la inspección. No ha sido la única diligencia relacionada con este asunto que se practica en las últimas semanas. A primeros del mes de febrero declararon en el juzgado tres funcionarios de policía. Dos de ellos negaron que hubiese habido una discusión entre uno de los investigados y el fallecido horas antes de la muerte.

Tres años de investigación sobre un asunto que primero se trató como un suicidio

La muerte de Celso Blanco en su despacho de la comisaría de Policía, el 9 de abril del 2016, se trató al principio como un suicidio. En la oficina, que estaba cerrada por dentro, aparecieron tres de las seis armas que habían sido sustraídas meses antes en el búnker. De una salió el proyectil que mató al agente, al que se relacionó entonces con el robo de las pistolas y también con los anónimos enviados desde la comisaría a Asuntos Internos.

El caso cayó en manos de la jueza Eva Armesto y a pesar de que los informes iniciales del forense y de la propia policía apuntaban a la autolisis, la togada decretó secreta la causa y abrió el abanico de posibilidades, sospechando de una posible inducción al suicidio, o incluso un homicidio. Esta presunción llevó, tras la realización de numerosas pruebas -el sumario acumula ya más de tres mil páginas-, al arresto de Bernardo y Roy D. L. en enero del 2018. Ambos están desde entonces en libertad provisional en un caso en el que está personada como acusación particular la familia de Celso, que descarta el suicidio. También se han querellado el SUP y el jefe del grupo antidrogas de comisaría.

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