La Fiscalía sube las penas de cárcel que reclama por el caso del espionaje dentro del PSOE

El asunto pasa del juzgado penal a la Audiencia, que lo juzgará


ourense / la voz

El asunto del presunto espionaje entre miembros del PSOE pasa a la Audiencia provincial. Este tribunal será el encargado de ver, en unos meses, un caso por el que hay dos militantes acusados pero las penas a las que enfrentan ambos serán entonces algo más severas que las que se reclamaban hasta ahora. Así lo aclaró ayer la fiscal que lleva este caso, quien durante una cortísima vista celebrada en el Juzgado de lo Penal número 2 subió de dos a tres y medio los años de prisión que solicita para Teresa Taboada y Enrique Camoeiras, a los que imputa un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Esta modificación se debe a que en el primer escrito de calificación no se tuvo en cuenta, por error, la condición de funcionario público del acusado, que era agente de Policía Nacional en el momento de los hechos y que hoy ya está jubilado. En cuanto a la imputada, se la considera inductora del delito, por lo que también se pide para ella tres años y medio de prisión. El ministerio público reclama además penas de inhabilitación de 6 años para el agente y una multa de 5.400 euros.

Más severa es, con todo, la condena que solicita la acusación particular, ejercida por José Arcos, la persona a quien, presuntamente, espiaron los dos anteriores con el objetivo de conocer posibles antecedentes policiales. Esta parte ve en los hechos un delito de descubrimiento y revelación de secretos, agravado en el caso del policía, y otro de calumnias hechas con publicidad, solicitando para Camoeiras siete años de prisión y doce de inhabilitación, el máximo que contempla la ley. Para Taboada, por su parte, solicita seis de cárcel.

La cuantía de las penas es el motivo por el que la competencia para tratar este asunto es de la Audiencia provincial, quien ahora espera recibir la causa para poder señalar fecha para el juicio por un caso que habría tenido lugar en septiembre del 2015, poco antes de que arrancase el proceso para diseñar las candidaturas del PSOE para las elecciones generales. Se grabaron entonces varias conversaciones mantenidas por la secretaria de acción electoral de los socialistas ourensanos, Teresa Taboada, y otro miembro de la ejecutiva provincial, Enrique Camoeiras. En esas escuchas Taboada le habría pedido al agente que hiciese averiguaciones para conocer los antecedentes de José Arcos, abogado y miembro también entonces de la ejecutiva provincial y que «podría ser competencia en su carrera política, al ser un posible candidato a disputarle un escaño en el Senado», según la fiscal.

A resultas de esa petición el agente de policía «sin estar autorizado para ello ni encontrarse en el curso de ninguna investigación» habría accedido a la base de datos de denuncias del Cuerpo Nacional de Policía para consultar un atestado en el que aparecía José Arcos. Esta parte sostiene que Camoeiras volvió a hacer otras dos consultas sobre esta misma persona en días posteriores y que, a consecuencia de estas maniobras, Arcos resultó perjudicado, al verse alterado su puesto en la lista de candidatos.

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