La detención de dos inspectores por la muerte de un compañero completó el negro escenario
01 ene 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Gemelos e inspectores de policía, uno de ellos jubilado anticipadamente y el otro destinado en Ávila como instructor de tiro, reconocidos ambas como especialistas en armas, las sospechas que rondaban a Bernardo y Roy D. L. se materializaron el tercer fin de semana de enero. Fueron detenidos. La causa era inicialmente secreta y podían sospechar que se les vinculaba con un robo de armas anterior solo parcialmente esclarecido, o con el envío de los anónimos que acabaron con la carrera de sus compañeros del grupo de drogas. El auto judicial con el que salieron les anotaba, además, el homicidio, o asesinato, del policía Celso Blanco el día 9 de abril del 2016. Había acudido aquel sábado por la tarde a la comisaría y su cadáver apareció después en su despacho, con un tiro en la cabeza y tres de las seis pistolas desaparecidas dentro del mismo espacio. Instantes antes, un mensaje de correo electrónico y otro de teléfono a un grupo de amigos, sentaban las bases para sostener la tesis del suicidio, con el añadido de una confesión.
Parecía sencillo. La primera versión oficial del suceso apuntaba en esa línea. Algo no encajaba, sin embargo. Sumida como estaba la comisaría en una gravísima crisis, con anónimos, sustracción de armas en el teóricamente blindado búnker de la comisaría, celos y recelos entre compañeros, hasta llegar a la desarticulación del grupo de drogas en noviembre del 2015, la jueza titular de Instrucción 3, Eva Armesto, se resistió a quedarse en la superficie. Con el amparo del secreto sumarial, en sintonía con la UDEV (Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta), de cuyas tesis y avances ni siquiera informaban a su jefe inmediato en la comisaría, la tesis del homicidio fue ganando la posición a la del suicidio. Y ello a pesar de que en las actuaciones hay informes contradictorias, que permiten apostar por una u otra salida. La bomba estalló en enero.
A partir de ahí se fueron conociendo detalles y se fueron afianzando dudas, según la fuente. La defensa de los gemelos afirmó abiertamente a finales de junio que la investigación no es imparcial con ellos y que UDEV se equivoca y «siempre lo hacen en perjuicio» de Bernardo y Roy.
La relativamente reciente ampliación del período de instrucción sugiere que aún quedan asuntos que investigar. Los gemelos, mientras, han recibido a mediados de diciembre un balón de oxígeno, al rebajar la Audiencia las fianzas y suavizado las comparecencias judiciales, que la jueza exige diarias, por riesgo de fuga, pero que le han quedado en semanales. La familia de Celso, el policía muerto, no ha dejado de pedir el ingreso en prisión de ambos, algo que la jueza no llegó a acoger. Siguen, de ese modo, a la espera de que se cierre la instrucción y se detallen los cargos contra ellos. La fiscalía, en cualquier caso, ha mantenido en distintos escritos dudas sobre el carácter homicida de la muerte.
Mientras, para los policías detenidos en noviembre del 2015 en la llamada operación Zamburiña, que Asuntos Internos inició a partir de los anónimos que la jueza de Instrucción 3 atribuye a los gemelos y al fallecido, el 2018 ha sido el año de la imputación. En junio cerró la instrucción el juez Leonardo Álvarez. La fiscalía formalizó posteriormente el escrito de acusación, en el que acusa al destituido responsable del grupo y a otros dos policías un papel de amparo y protección con el grupo supuestamente liderado por Josefa Pucha P. G., de quien obtenían buena información para otros golpes exitosos al narcotráfico.
A este caso le quedan flecos, pero se estima que el juicio pueda celebrarse en 2019. Compartirán banquillos, salvo poco probable nulidades previas, los policías y quienes supuestamente traían y movían la droga.
Los inspectores gemelos, con su abogado, Neil González FOTO