Al recluso de Pereiro desaparecido en agosto lo mataron para quitarle el dinero de una herencia

La Voz OURENSE / LA VOZ

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La Guardia Civil llegó a los ahora detenidos y encarcelados siguiendo la pista del dinero y las extracciones de dinero los días posteriores al asesinato

17 may 2022 . Actualizado a las 13:15 h.

A Fernando Iglesias Espiño, el recluso de la cárcel de Pereiro de quien no se tenía noticia desde el 13 de agosto, fecha en la que debería haberse reincorporado tras un permiso, lo mataron por dinero. Había cobrado 26.000 euros de una herencia. Compartió la información y esa fue su perdición. La Guardia Civil bautizó su investigación como el indicativo nombre de «operación avaro», acaso en referencia al supuesto proceder de los dos detenidos, que acabaron con la vida de su amigo y posteriormente retiraron todo el dinero que el fallecido tenía en una cuenta bancaria. Las pesquisas, según se desprende de una nota informativa sobre la intervención, han permitido determinar que la muerte del recluso se produjo el sábado, día 11 de agosto, aunque no se descubrió hasta el lunes.

Los investigadores, como indican en la versión oficial de la intervención, siguieron la pista del dinero y los movimientos bancarios en la cuenta del fallecido, de 63 años, originario de Pontevedra, en prisión desde agosto de 1996 por haber matado a su esposa y a sus dos hijos en Las Palmas de Gran Canaria. Aparecieron ahí como sospechosos Óscar G. L. y Francisco Javier G. H.. Cuando los agentes consideraron que el asunto estaba enfocado, los detuvieron.

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El rastreo del dinero llevó a los investigadores hasta varios cajeros de entidades bancarias en provincias de Ourense, Pontevedra y norte de Portugal, donde en menos de quince días después de la desaparición del recluso, se habían retirado 15.000 euros, «utilizando sofisticados sistemas para la sustracción, para borrar cualquier rastro», según apunta la Guardia Civil. Y aunque en principio se podía sospechar que era el recluso desaparecido el que retiraba fondos para huir, con lo cual se lograría un «crimen perfecto», de acuerdo con la misma nota, los investigadores empezaron a trabajar sobre la tesis del asesinato tras identificar a las personas que sacaban dinero y constatar que estaban relacionados con el desaparecido.

En el relato de la acción policial, la Guardia Civil detalla que «a finales de septiembre se consigue, tras realizar varias gestiones y utilizar varios medios de investigación, dar con la identificación de las dos personas que estaban sacando dinero de la cuenta, momento en el que son sometidos a una vigilancia de 24 horas». Se hizo, además, «una reconstrucción minuciosa de todos sus movimientos desde la salida de prisión de Fernando hasta la última extracción de dinero del cajero, por lo que se deduce que Fernando pudo ser asesinado a las pocas horas de salir de prisión en una granja de Maside, que en ese momento regentaba uno de los detenidos y en la que Fernando colaboraba trabajando en sus salidas de permiso penitenciario».

Sospechaban que el desaparecido podría estar enterrado en una granja avícola en la localidad de Bouzas, en Maside. La tenía alquilada Javier, que conoció a Fernando en prisión y le prestó ayuda cuando este último empezó a salir los fines de semana. Lo dejaba estar en la instalación y allí pasaba las horas. Hubo, al parecer, una primera agresión, pocas fechas antes, que no dio el fruto deseado y fue enmascarada haciendo ver al lesionado que lo habían confundido con otra persona. La segunda, sin embargo, fue definitiva.

El cadáver fue recuperado después de dos días en los que la instalación, dedicada a la cría de pollos, fue sometida a una intensa búsqueda que incluyó maquinaria pesada para excavar, detectores metálicos, georradares del Ejército y hasta un dron, para vigilar en todo momento las reacciones de las caras de los dos detenidos. El cuerpo no estaba en la granja, sino enterrado a quince kilómetros, en una mina situado en los alrededores de la localidad de Senra, en el municipio de Piñor. Apareció cubierto con un plástico. La boca de la mina estaba cubierta con tierra.

La detención de estas dos personas y el hallazgo del cadáver, que ya ha sido identificado con todas las garantías, ha puesto fin a una situación de incertidumbre que se había prolongado más de lo habitual en situaciones de quebrantamiento de condena. La discreción que había caracterizado al fallecido no encajaba con la tesis de una fuga, que fue la inicialmente defendida. La primera conclusión a la que pronto se llegó fue el descarte de la fuga voluntaria, al tiempo que ganaba peso la desaparición forzosa.

Para los movimientos de rastreo en la granja contó la Guardia Civil con apoyo. Según han detallado, «para la realización de los registros y tomando como hipótesis que hubieran enterrado el cadáver a varios metros de profundidad, se realizó un gran despliegue, con el uso de manera simultánea de medios del Servicio Provincial de Emergencias de Ourense, drones de la Unidad de Drones de AXEGA, y detectores especiales de las Fuerzas Arnadas ( EDEX de Zarpadores 7 de la Brigada Galicia 7) así como la contratación de empresas privadas para la extracción de tierra y residuos. En el operativo trabajaron 30 personas. La Guardia Civil agradece de manera expresa la colaboración prestada a las Fuerzas Armadas ( EDEX de Zarpadores 7 de la Brigada Galicia 7), la Servicio Provincial de Emergencias de Ourense, a la Unidad de Drones de AXEGA, al Instituto de Medicina Legal de Ourense (IMELGA) y al Centro Penitenciario de Pereiro de Aguiar, que participaron de forma activa en el desarrollo de la operación».

La instrucción de la causa la sigue el Juzgado de Instrucción número 1 de Ourense, cuyo titular, Leonardo Álvarez, envió a los detenidos a prisión a última hora de la noche del jueves.