La Xunta informa negativamente de tres parques eólicos en la provincia ourensana
OURENSE
El conselleiro de Economía quiere un desarrollo «ordenado» del sector
27 abr 2021 . Actualizado a las 10:05 h.El vicepresidente económico de la Xunta, Francisco Conde, se reunió este lunes con alcaldes de la provincia de Ourense para trasladarles en primera persona los detalles de la Lei de reactivación económica. Uno de los temas que estuvo sobre la mesa fue el de la tramitación de los diferentes parques eólicos que están en marcha en la provincia y que también están contemplados en esta normativa. Conde remarcó que esta ley garantiza un «desenvolvemento ordenado» del sector en territorio ourensano. Detalló que exige el cumplimiento de las garantías ambientales y fija que no se podrán desarrollar parques eólicos fuera de las áreas incluidas en el plan sectorial de Galicia, a excepción de proyectos que tengan una clara incidencia territorial por su entidad económica y social y por su función «vertebradora e estruturante do territorio».
Bajo estas premisas, el conselleiro de Economía aseguró que la administración autonómica ha informado negativamente de proyectos que se están tramitando por el Gobierno central en los municipios de Carballeda de Valdeorras, Maceda, Laza y A Veiga. Se trata, en concreto, de los parques eólicos de Alto Cabrera, Prada e Rebordechao. «A lei vai a permitir un desenvolvemento ordenado destes parques en Galicia garantindo o cumprimento dos trámites ambientais, urbanísticos e a compatibilidade co medio rural», indicó.
Dos de esos parques eólicos, el de Prada y Rebordechao, están promovidos por una sociedad que es propiedad del gobierno de Noruega. Statkraft contemplaba desplegar un total de 81 aerogeneradores entre la provincia ourensano y El Bierzo.
Agilidad administrativa
En el encuentro con alcaldes de la provincia, Francisco Conde, explicó que los concellos emprendedores van a poder adherirse a la plataforma digital que la Xunta va a impulsar a través del Igape, que funcionará como una venta única para ayudarlos en todo el proceso de tramitación de nuevos proyectos empresariales. En este sentido, el vicepresidente económico apuntó que el objetivo es lograr la «máxima axilidade administrativa» a estas iniciativas. La ley contempla, por ejemplo, un plazo general de tres meses para emitir informes vinculadas a la administración autonómica y aplica el silencio administrativo positivo. También se amplían los supuestos de iniciativas empresariales prioritarias y proyectos industriales estratégicos de cara a los fondos europeos.