«La paz social ha quedado dañada por estos acusados», dice la fiscal

Solo un encausado se declara culpable de los tiros en el CHUO pero todos piden perdón


ourense / la voz

Después de escuchar las declaraciones de los peritos -expertos en balística que hablaron sobre la munición, vainas y trayectorias de los disparos ocurridos en la noche del 15 de mayo de 2016 a la entrada del CHUO- las partes elevaron sus conclusiones. La fiscal mantuvo las suyas como al principio, con todas las acusaciones vigentes para los seis acusados, incluida la de tentativa de homicidio, la más cuestionada por las declaraciones de las propias víctimas y de los familiares testigos de lo ocurrido.

La representante del ministerio público no dio credibilidad a la versión expuesta por los testigos de los clanes gitanos que aseguraron que no vieron disparar a los que llegaron en el segundo coche y acusa a todos de los dos delitos más graves, con una petición de cuatro años de cárcel por cada intento de homicidio. No solo no cree su versión sino que pidió al tribunal que se deduzca testimonio contra todos estos testigos que cambiaron completamente la versión que habían dado en sus declaraciones durante la instrucción, pocos días después del suceso.

Las vestigios de los disparos demostraron que los impactos procedieron de tres armas, una escopeta de marca Franchi, otra Benelli y un rifle Browning, las que llevaban en su coche los tres acusados Antonio G. M., Daniel y Moisés G. B. Considera probado- por la declaración del vigilante pero también por la trayectoria de un disparo que situaría una cuarta arma en la zona lateral en la que estaban los otros tres acusados- la participación en los disparos de Diego G. M., Rubén y Miqueas G. M. También cree que Diego G. M. encañonó al vigilante por lo que a este le solicita 3 años y 6 meses de prisión por atentado a la autoridad.

Todos cometieron un delito de desórdenes púbicos, considera la fiscal. «La paz social ha quedado dañada por estos acusados», aseguró, a pesar de que según las normas gitanas se hayan reconciliado las familias enfrentadas. Eran de noche y había poca gente, pero el personal del hospital intentó protegerse con una máquina de bebidas y quedaron varios impactos en el mostrador de la entrada, ejemplificó. El Sergas se adhirió a la acusación de la fiscalía, pidiendo una compensación económica de 3.831,14 euros.

Las defensas difieren de esta conclusión y piden la absolución. Admiten que hubo desórdenes públicos, aunque quieren exculpar de cualquier acusación a Rubén y Miqueas G. M. El abogado de los tres acusados que llegaron en un segundo momento criticó el argumento de la fiscal para pedir que se investigue si los testigos gitanos mintieron en la vista oral. Él sostiene que quien no dijo la verdad, ni al principio ni ahora, fue el vigilante de seguridad. Apuntó que la enfermera, una testigo imparcial, tampoco vio al guarda ni a las víctimas queriendo erguirse para responder al ataque ni los disparos de los que llegaron en el segundo coche, como dijo el vigilante.

«Ellos saben que hicieron una barbaridad y están arrepentidos. No son asesinos, es descabellado pedir catorce años de prisión», dijo el letrado Luciano Prado. El defensor de los tres primeros acusados aludió a las particularidades de la etnia gitana y cuestionó la validez de las declaraciones en la instrucción porque no fueron advertidos de que podían abstenerse al ser familiares. Niega el intento de homicidio, porque hubo un «desistimiento» voluntario de Antonio G. M., ya que nada les impedía matar, además de que su hijo Daniel le quitó la primera arma. De Moisés, sostienen que solo hizo un tiro al aire. Por ello, en lugar de homicidio pide que se considere que se hubo un delito de lesiones graves.

Los acusados usaron el derecho a la última palabra. Antonio G. M. proclamó: «Soy el único responsable, pido disculpas». Descargó a los demás. Todos pidieron perdón. Diego declaró su inocencia y dijo que perdonaba al vigilante. Todos, salvo Rubén y Miqueas, cumplieron prisión provisional tras sus detenciones.

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