La justicia emplaza a la Xunta a mejorar la oferta por la compra de una sede de la Cámara de Comercio

Marta Vázquez Fernández
m. vázquez OURENSE / AGENCIA

OURENSE

MIGUEL VILLAR

Economía tiene diez días para superar los 152.000 euros que ofreció un particular en la subasta

31 oct 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

La justicia busca la mejor oferta económica por la venta de uno de los dos locales que la Cámara de Comercio tiene en la capital ourensana. Tras cerrarse la subasta pública por el local, situado en pleno centro de la ciudad, con una única oferta por valor de 152.000 euros, el juzgado intenta ahora que la propia entidad, o quien la representa, mejoren esa cantidad, ya que se encuentra muy lejos del medio millón de euros en el que se tasó la oficina, con dimensiones que casi alcanzan los 300 metros cuadrados. Al no alcanzar esa oferta el 70?% del valor de tasación, se abren varias posibilidades.

La primera se puso en marcha ayer mismo. Así, se comunicó a las partes implicadas en el caso -que se originó tras las demandas presentadas en los primeros meses del año por los trabajadores ante el impago continuado de sus salarios- una resolución en la que se da traslado a la Cámara de Comercio y a la Consellería de Economía, que desde hace un año es la entidad que tutela al organismo, para que en diez días hábiles mejoren la oferta. También se aceptaría una propuesta inferior, siempre que cubriese la deuda contraída con los trabajadores.

De no hacerlo, cosa que no se puede descartar ya que la entidad cameral no tiene liquidez y la administración autonómica lleva meses sin pagar los salarios de los tres trabajadores que todavía prestan allí sus servicios, se recurriría a los ex empleados. Así, la antigua plantilla tendría opciones para quedarse con la propiedad, en el caso de que se pusieran de acuerdo para dar ese paso y las deudas acumuladas en su favor por parte de la entidad cameral llegasen al 60 % del valor de la propiedad. Podría ocurrir, si se dan estas circunstancias, que se convirtieran en los dueños del local comercial, que luego podrían vender si así lo decidieran, aunque por ahora es imposible saber si esta sería una alternativa viable para ellos. Cabe también la posibilidad de que si ninguna de estas dos medidas se cierra en negativo, la administración judicial decida otorgar el local al único comprador que presentó una oferta.

La subasta

La subasta por el local en cuestión se abrió en el Juzgado de lo Social número 1 de Ourense, en vía de apremio, el pasado dos de octubre, y se cerró veinte días después. Se trata de una de las dos oficinas que la Cámara tiene en el centro de la capital, en concreto, de la que tiene su acceso por el parque de San Lázaro, en la calle Xaquín Lourenzo. Está comunicada por el interior con la sede principal de la Avenida de la Habana. En la época de bonanza económica, cuando todavía era obligatorio el pago de cuotas por parte de las empresas, esa oficina se dedicaba a la realización de cursos de formación y también para despachos del personal de la entidad, que llegó a superar la veintena de trabajadores.

Tras la dimisión en bloque hace a finales de noviembre del año pasado de toda la directiva de la Cámara y tras meses sin cobrar, muchos de aquellos empleados acudieron al juzgado. Las demandas fueron estimadas y se condenó a la institución a pagar cuantiosas indemnizaciones, que superan el medio millón. Al no hacer frente a esos pagos, el juzgado terminó por embargar las propiedades para conseguir liquidez. Y en ello está en este momento.

La ley establece que debe haber una Cámara de Comercio en cada provincia

Aunque la Cámara de Comercio sigue operando y las empresas que necesitan sus servicios, sobre todo a la hora de obtener certificados necesarios para la exportación, consiguen lo que buscan, la fórmula en la que se gestionará esta entidad a corto o medio plazo suscita dudas. Así, en breve podría abrirse el proceso para la subasta de la otra oficina que tiene la institución en la capital, en la que ahora desarrolla su actividad, ya que también se encuentra embargada debido a las deudas acumuladas con los trabajadores.

Además, casi un año después de que la Consellería de Economía asumiese la tutela no se ha acometido todavía el nombramiento de la nueva directiva. La ley establece que debe haber una Cámara de Comercio por cada provincia y la Xunta asegura que trabaja para mantenerla, pero las dudas sobre el futuro parecen todavía difíciles de despejar.