Especuladores públicos de reclamaciones


En unos pocos años hemos podido ver como sucedían una serie de procesos y resoluciones judiciales con efectos prácticamente globales en la población española. La más espectacular fue la cuestión de los productos bancarios, especialmente, las «preferentes y subordinadas», seguido de las «cláusulas suelo y gastos hipotecarios». En todas ellas el más alto tribunal español zanjó la cuestión, dejando muy claro tanto los supuestos como el modo en que la entidad bancaria tenía que indemnizar.

A pesar de ello, fuimos también testigos de como estas entidades bancarias fueron claramente especulativas con el porcentaje de reclamaciones que esperaban recibir. Hicieron sus cálculos y estimaciones, valorando y comparando cuántos ciudadanos iban a reclamar y cuánto les iba a costar esos pleitos ya perdidos de antemano (un 99% de éxito no es un pleito, es casi una operación matemática), frente a los que no lo iban a hacer y el ahorro en indemnizaciones que ello les iba a suponer.

Los números le salieron claramente y concluyeron sin pudor que obligar a pleitear a cada ciudadano «es más rentable para la entidad y sus accionistas». El mayor problema era quiénes estaban en esos números, especialmente en los que estimaban que no iban a reclamar. Era obvio que contaban que sería gente humilde, cautelosa, conformistas o temerosa de costes, pleitos e hipotéticas consecuencias, alérgicas a los juzgados, etc.. . Su dinero era el que iba a engrosar las cuantías de «enriquecimiento injusto» de sus balances bancarios. Con ellos contaban principalmente y por ellos tuvieron que obligar a todo el mundo al penoso proceso judicial, y cuanto más durase, mejor.

Pero estamos hablando de empresas privadas, y eso va de suyo. La alarma la siento cuando observo exactamente la misma actitud en las Administraciones Públicas. Nuevos casos judiciales con efectos sobre una inmensidad de ciudadanos, principalmente en el ámbito tributario.

La plusvalía municipal está siendo un buen ejemplo, donde nuevamente el Tribunal Supremo ha señalado, con tremenda claridad, en qué casos no hay plusvalía. Basta la mera comparación entre escrituras de compra o adquisición y de venta o herencia para saber si eres o no contribuyente de la plusvalía. Si no lo eras y pagaste, nace automáticamente tu derecho de recuperar lo indebidamente pagado. Y los datos para devolverte ya los tiene el Ayuntamiento de turno, pues tuviste que aportar en su día tanto el título de adquisición como el título de venta. Incluso con un sencillo proceso informático, los Ayuntamientos serían capaces de determinar sin más quién tendría derecho a recuperar dinero y cuánto.

Pero no. No se hace de oficio -a pesar de estar legalmente previsto-, especulando realmente con los números de los que reclamarán y los que no, sin darse cuenta de que la mayoría de los que no lo harán son justamente los que más necesitarían de ese dinero que pagaron sin causa. Si el planteamiento es que ese dinero que no devolverá la Administración se usará para redistribuir riqueza se equivocan totalmente, pues lo que estarán haciendo es redistribuir el dinero de los que no suelen reclamar entre los que sí lo hacemos, porque tenemos el conocimiento y la capacidad económica para hacerlo.

Pero la confirmación final ya la estoy viendo con la devolución del IRPF por la insostenible interpretación que hizo la AEAT sobre la prestación por maternidad. Nuevamente a lo más que han llegado a plantear durante unas horas fue facilitar «un modelo». Es decir, otra vez debe ser el contribuyente el que se entere de su derecho, de que está en el supuesto que le concede el derecho de devolución y de que se atreva a hacerlo -venza el típico miedo de que «si lo pido seguro que me buscan otras cosas»-. No tengo dudas de que muchas mujeres que lo necesita se quedará, por las más diversas e injustas razones, sin recuperar lo que les debe la Administración Pública.

Así que, Administraciones Públicas, dejen de especular con la gente que realmente les necesita, que los demás sabemos cuidarnos solitos.

Javier Calvo Salve es abogado administrativista y urbanista en el despacho Calvo Sobrino.

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