La Audiencia decide no juzgar un caso para el que había reservado siete días

Diez meses después de haber recibido los autos, con el magistrado ponente designado y comunicado el 6 de noviembre del 2017, la Audiencia Provincial de Ourense se declaró ayer incompetente para seguir adelante con una causa. Estaban en el banquillo diez personas, con distinto grado de imputación en una supuesta trama dedicada a estafar a compañías de seguros con falsos accidentes de tráfico. A falta de razonamientos y detalles, la sala decidió -cuando ya los abogados y el fiscal se disponían a iniciar la vista tras las cuestiones previas- que del caso debía entender otro órgano. Y aunque alguno de los letrados quiso ver el camino hacia la Audiencia Nacional, al haber ocurrido alguno de los hechos fuera de la provincia, la cuestión de competencia iba era más bien un paso atrás hacia el escalón inferior, es decir, los juzgados de lo penal. A falta del auto de la Audiencia Provincial, que concretará los pasos inmediatos, entre los abogados que están en el causa se estima que las diligencias deberán volver al juzgado de Trives, para iniciar un nuevo camino hacia un juzgado de lo penal. Que el asunto acabe llegando al Supremo, para delimitar competencias, es una posibilidad que algunas partes valoraban ayer. Aun siendo una mera cuestión de competencia, el juicio se celebrará con toda probabilidad no antes de que se cumplan ocho años de la apertura de las diligencias previas 658/2010 en el Juzgado de Trives.

Desde el 2010

Había arrancado esta causa con un documentado informe de la Guardia Civil a la jueza, con fecha del 28 de octubre del 2010. La investigación apuntaba a un fraude del que eran víctimas varias compañías de seguros. La Guardia Civil dibujaba una trama que tenía como centro al titular de un negocio dedicado a la compraventa y reparación de coches en A Valenzá. Este establecimiento sería básico en la estructura. Santos Á. G. era quien, supuestamente, daba cobertura y coordinaba las operaciones fraudulentas. La fiscalía y varias compañías aseguradoras acusaron a diez personas.

El 6 de noviembre del 2017 se recibieron los autos en la Audiencia de Ourense. Se observó entonces que en los más de 7.000 folios de la causa no estaban registradas las medidas cautelares. Ya había sido suspendida la vista de este asunto el pasado mes de mayo a causa de la huelga de funcionarios. Ayer, diez meses y once días después de la diligencia de ordenación, con el juicio ya iniciado, los acusados en la sala con los abogados y el fiscal, los testigos y peritos citados para los próximos días, se planteó la cuestión de competencia. Se opuso el fiscal. También los abogados de las aseguradoras y parte de los defensores. La sala resolvió que la competencia no era suya.

A la espera del auto en el que la Audiencia concrete el rumbo del caso, son varios los acusados de segundo nivel que, al parecer, han mostrado su disposición a confesar su culpabilidad e intervención, a cambio de que la fiscalía rebaje la condena. Con todo, hasta que se celebre el juicio oral no se cerrará este fleco.

La fiscalía aprecia, en distintas modalidades y grado de intervención de los diez acusados, delitos de estafa, receptación, simulación de delito y falsificación de documento oficial. Las penas de cárcel que pide la acusación pública suman 13 años en el caso de Santos Á. G.; tres años para Carlos F. L. y María P. A.; dos años y medio para José Ignacio M. B. y condenas de dos años o menos para los demás.

Las aseguradoras reclaman más de 350.000 euros como perjuicio por la actuación.

Las pesquisas de la Guardia Civil arrancaron en marzo del 2010. En noviembre entró en escena el Juzgado de Trives, donde la investigación avanzó con el apoyo de intervenciones telefónicas. Se revisó el historial y la vida laboral de catorce personas. Hasta el año 2006 llegó la Guardia Civil a la hora de documentar siniestros y actuaciones dudosas, en algunos casos no solo por daños en vehículos sino con indemnizaciones por lesiones. El fiscal detalla hasta 36 actuaciones presuntamente irregulares. Fingían accidentes, reclamaban a las compañías de seguros y obtenían indemnizaciones, por siniestro total o reparación. No había atestados oficiales, solo comunicaciones de los afectados a la aseguradoras. La utilización de coches siniestrados, adquiridos cuando ya estaba destrozados, era uno de los recursos empleados en esta trama, de acuerdo con la tesis que maneja el ministerio público. No todos los siniestros que se incluyen en esta trama fueron cobrados por los acusados. Algunas compañías no pagaron.

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