«Las sentencias deben ser motivadas, justas, sensatas, claras y ejecutables»

Llegó a Ourense Francisco de Cominges (Vigo, 1973) en diciembre del 2011 para incorporarse como titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1. Ejerció como abogado desde 1996, primero por libre y después -previa oposición- en la administración municipal. Luego, por concurso de méritos accedió como letrado a la sala tercera del Tribunal Supremo, donde el pan de cada día eran los asuntos de urbanismo, y medio ambiente. Con ese bagaje y una clara especialización en Derecho Administrativo, que mostró también en publicaciones, en el 2011 superó las pruebas para acceder a la condición de magistrado. Su primer destino fue Ourense. El BOE publicó ayer el segundo. Se marcha para Pontevedra.

-¿Qué se lleva de aquí?

-La experiencia ha sido magnífica. En lo personal, la amistad de muy buena gente. Ourense es una ciudad hospitalaria, acogedora. Por otra parte, gracias a este destino -y al Grupo de Exploracións Ourensanas, del Club Alpino- he podido recorrer a fondo la provincia y descubrir que es la más rica de Galicia en patrimonio cultural y natural, que, por cierto, habremos de esforzarnos en conservar, por su fragilidad. En lo profesional, el trabajo me ha resultado gratificante y enriquecedor. No solo por los excelentes compañeros, letrada de la Administración de Justicia y funcionarios que me han tocado en suerte. Aquí ejercen juristas de gran calidad. En general la dialéctica jurídica de los pleitos es de un nivel alto y complejo, estimulante para los que nos gusta el Derecho administrativo. Permite aprender. Obliga a estudiar y a innovar. Me considero afortunado por haber podido recalar aquí. Y agradecido a los que tan bien me han recibido y tratado.

-¿Después de casi siete años al frente de este juzgado, aprecia alguna peculiaridad, algo que distinga a las administraciones de esta provincia?

-Supongo que la problemática es similar en las cuatro provincias. En Ourense la mayoría de los pleitos versan sobre empleo público y conflictos del personal funcionario, temporal o de carrera. Con ese denominador común, las corporaciones locales generan muchos litigios sobre urbanismo, contratos públicos y responsabilidades patrimoniales, por caídas o accidentes en espacios públicos. La Administración del Estado, en extranjería, tráfico y deudas con la Seguridad Social. La Xunta, en ayudas a la dependencia, reclamaciones por accidentes de vehículos con fauna salvaje y sanciones. Y el Sergas, en indemnizaciones por errores médicos en hospitales públicos.

-¿Deben los jueces «reñir más» a los responsables políticos, o en algunos casos a los técnicos de las administraciones?

-Lo que debemos, en mi jurisdicción, es resolver conforme a derecho el conflicto planteado, con una sentencia que además de motivada, sea justa, sensata, clara y ejecutable. Cumpliendo estos requisitos la propia sentencia será un parámetro clave para terminar con las malas prácticas de la administración

-¿Se ha sentido presionado en algún momento, más allá de lo razonable, por alguna administración, o por el ruido de la calle?

-Administración, ninguna. En cuanto al «ruido de la calle», lógicamente los jueces percibimos la tensión ambiental de los casos más mediáticos que tenemos entre manos, como los de disciplina urbanística: viviendas ilegales que hay que demoler. Pero son materias regladas, en las que carecemos de margen de maniobra, y esa presión no influye lo más mínimo en la decisión judicial.

-Es sabido que los dos jueces de contencioso de Ourense se comunican frecuentemente para unificar criterios y evitar resoluciones contradictorias: ¿debería ser así en todos los ámbitos?

-Desde luego. Perjudica a la seguridad jurídica y a la buena imagen de la Justicia que casos idénticos se resuelvan de distinta manera según el juez que toque. No obstante, es normal y legítimo que surjan distintas interpretaciones entre juzgados de la misma instancia. Para unificarlas existe un sistema de recursos ante un órgano superior, que en general funciona bien.

«Estamos consiguiendo erradicar las peores prácticas en contratos a dedo»

Francisco de Cominges ha planteado desde Ourense cuestiones ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Constitucional y el Superior de Galicia. Ha realizado pruebas de reconocimiento judicial, redactado parte de sus sentencias en gallego y censurado las malas prácticas administrativas ofreciendo soluciones.

-¿Las administraciones toman medidas para poner remedio, o se limitan a cumplir los fallos?

-Nuestras sentencias producen un efecto útil de mejora de la práctica administrativa. Puedo citar ejemplos: la de mi Juzgado de junio de 2017 que reconoció a una médico del Sergas el derecho a percibir el complemento por guardias en las bajas de maternidad y embarazo de riesgo provocó que poco después el Parlamento de Galicia aprobase una Ley reconociendo expresamente ese derecho. Tras las sentencias sobre daños a vehículos por colisiones con jabalíes y corzos, la Xunta, que antes no lo hacía, comenzó a resolver con acto expreso todas las reclamaciones y a realizar estudios y adoptar medidas preventivas eficaces, por ejemplo en la autopista Ourense a Santiago. La sentencia de hace un año, pionera, sobre el impuesto de la plusvalía, generó seguridad jurídica estableciendo el criterio en esta provincia meses antes de que el Tribunal Supremo terminase por adoptar la misma solución. En extranjería la Administración del Estado ofrece ahora en Ourense más garantías procedimentales y motiva sus resoluciones mejor que hace siete años. Otros casos podría citar del Juzgado número 2, dirigido, por cierto, por un magistrado sobresaliente. En el tema del acceso al empleo público y las contrataciones «a dedo» de las Administraciones locales creo que estamos consiguiendo erradicar las peores prácticas… El papel de los medios de comunicación es también fundamental. La difusión pública de las sentencias contribuye a una mayor transparencia y mejora en el actuar de la Administración.

-¿Se marcha satisfecho?

-Permítaseme hacer autocrítica y pedir disculpas por los errores que habré cometido en esta etapa ourensana. He intentado resolver los conflictos planteados con rigor jurídico, sin perder la perspectiva de la «justicia material» y de los principios de humanidad y sentido común conforme a los cuales se debe aplicar nuestro Derecho. Pero no siempre se acierta. En todo caso, confío en haber aportado mi grano de arena para la mejora del sistema.

«Sería ideal evitar juicios con mediación o un recurso administrativo previo eficaz»

De Cominges es de los que quisieran que las administraciones fueran más receptivas a la petición ciudadana, sin llegar a juicio.

-El ratio de litigiosidad ha disminuido en los últimos años, por la imposición de la tasa judicial y del principio de vencimiento objetivo en las costas procesales. Ahora, tras la supresión de las tasas, vuelve a subir. Lo ideal sería que el ciudadano pudiese evitar el trauma del juicio mediante un recurso administrativo previo eficaz, o técnicas de mediación.

-¿Cree que en una jurisdicción tan especial, la Administración se comporta como haría un particular o una empresa en un pleito civil, o un asunto laboral, escamoteando por ejemplo informes que no le sean favorables?

-En un pleito contencioso la Administración demandada debe actuar con transparencia y buena fe, aportando el expediente completo y toda la documentación o prueba de la que disponga que pueda resultar útil para la más acertada decisión del asunto, aunque le perjudique. Ello no impide que, al mismo tiempo, su letrado defensor tenga la obligación de esgrimir todos los argumentos que procedan para la mejor defensa de los intereses públicos que representa. Pero con las cartas sobre la mesa.

-¿Considera que en Ourense llegan a la jurisdicción penal asuntos que deberían haberse dirigido primero al contencioso para, como usted ha hecho alguna vez, derivar en una segunda parte hacia la faceta criminal?

-El derecho penal se rige por los criterios de intervención mínima y última ratio. Lo natural es que los conflictos surgidos en la compleja aplicación del Derecho administrativo se traten primero en la jurisdicción contenciosa, que es la experta en el tema. Tampoco procede la utilización de la vía penal como mero instrumento de confrontación política. Ahora bien, cuando se ha actuado de manera ilegal clamorosa, con pleno conocimiento de causa -con informe desfavorable del secretario-interventor, por ejemplo-, la jurisdicción penal puede reaccionar directamente. Supuesto típico: los fraudes en el empleo público, enchufes, nepotismo, y las adjudicaciones irregulares de contratos públicos, omitiendo los requisitos de publicidad o concurrencia.

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