La Audiencia corrige a la jueza del caso de la muerte en la comisaría y limita las acusaciones

La crisis de la comisaría tiene varios frentes. Son asuntos diferentes y no todos los implicados deben estar en las diferentes causas, según la línea que ha marcado la Audiencia Provincial. Al «aclarar y rectificar» un auto del pasado 21 de mayo, en el que la parte dispositiva mantenía al exjefe de drogas en las diligencias previas por la muerte de Celso Blanco, la sala impide ahora al funcionario, Antonio R., su personamiento en la causa. La fiscalía no lo quería en este procedimiento y a su petición se sumaron tanto el abogado del policía muerto como el letrado que defiende a los gemelos, Bernardo y Roy D. L., a quien la jueza vincula no solo con el homicidio del agente que perdió la vida de un tiro en la cabeza en las dependencias oficiales el 9 de abril del 2016, sino con gran parte de las irregularidades entre 2014 y 2016.

El exjefe de drogas, Antonio R., se considera víctima de los inspectores gemelos Bernardo y Roy D. L., pues, de acuerdo con la impresión de la jueza Eva Armesto, les atribuye la autoría de los anónimos injuriosos que lo relacionaban directamente con varias ilegalidades. Estaba personado como acusación particular en la causa que se inició tras la muerte de Celso Blanco. La jueza decidió que siguiera y permitió que su abogado conociera la causa, al aceptar que era un eventual perjudicado. La Audiencia lo ve de otro modo, sin embargo. Su auto del pasado 21 de mayo era equívoco. Parecía decir en los razonamientos que no podía seguir, pero en la parte dispositiva lo mantenía. Pidieron aclaración el fiscal y el abogado de la defensa. La respuesta llegó ayer. Se había producido un error en la parte dispositiva, donde debería decir que se admitían los recursos y que, por consiguiente, se revocaba el auto de la jueza, que sí veía razones para que el exjefe de drogas siguiera en la causa. Sea como fuere, este último pudo estudiar las diligencias de Instrucción 3 y en ellas ha encontrado argumentos para su posterior defensa.

Asuntos Internos no atendió en dos años una petición para aclarar sus investigaciones sobre el origen de los anónimos

Mientras, en el otro frente judicial abierto, el del narcotráfico con dieciséis investigados, entre los que figuran cuatro de los integrantes del grupo policial de drogas en noviembre del 2015, las partes esperan movimientos del titular del Juzgado de Instrucción número 1, Leonardo Álvarez. Ven flecos, cuya valoración corresponde al magistrado. Falta, por ejemplo, un informe de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía, pedido por el juez, por medio de una providencia con fecha del 12 de abril del 2016, solo tres días después de que el cadáver del policía Celso Blanco apareciera en un despacho de la comisaría con un tiro en la cabeza. Conocido el correo enviado desde el ordenador del policía muerto, en el que este se responsabilizaba del envío de los anónimos y del robo de las armas en la comisaría, el juez pedía a la UAI informe sobre el «resultado de la investigación dirigida a determinar quien pudo ser el autor del anónimo remitido a asuntos internos y que fue detonante de la presente actuación». Nada se sabe de ese informe. Las defensas de los acusados no se olvidan de él. E insisten en reclamarlo.

Lo consideran relevante, en la medida en que contamine todo lo actuado con posterioridad, incluidos los pinchazos telefónicos que condujeron a dieciséis detenciones, incluidos cuatro policías y Josefa P. G. como presunta cabecilla de una sólida y estable red de narcotráfico local.

Cada juez, con su grupo policial

La aparente falta de diligencia de la UAI a la hora de atender aquella petición contrasta con la excelente sintonía que ha mantenido con el juez de instrucción, que en su actuación se ha apoyado en gran medida en el trabajo de este equipo. Paralelamente, en las diligencias por la muerte de Celso Blanco, que acabaron con la detención de los gemelos Bernardo y Roy D. L. por una larga relación de delitos entre los que la jueza incluye el homicidio (o asesinato) del compañero, la instructora ha tenido su apoyo básico en la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría ourensana. Cada grupo policial, pues, con su juez.

El trabajo de Asuntos Internos se ha centrado en el caso de drogas, con los cuatro exintegrantes del grupo de drogas como objetivo. La acción de la UDEV, por su parte, convertida en una radiografía de las irregularidades de la comisaría en los últimos años, desde los anónimos y el robo de armas, señala al fallecido y a los gemelos Bernardo y Roy D. L. como responsables de las irregularidades. Por eso, ante la evidente falta de comunicación entre los juzgados, las defensas han aportado a la causa de drogas el informe de la UDEV, que en uno de sus apartados delimita responsabilidades. «Roy, Bernardo y Celso, actuando en grupo, decidieron de mutuo acuerdo crear los anónimos, logrando engañar a la UAI, al Ministerio Fiscal y a la Autoridad Judicial (es decir, el propio juez instructor) que entendía del asunto en ese momento, utilizando de forma fraudulenta claves de los policías para crear rastros falsos y sustrajeron seis armas del búnker de la comisaría, acusando falsa y directamente del robo a dos de los policías», según la UDEV.

Si, como se sostiene en el informe anterior, los accesos a bases de datos no los hicieron los policías acusados de connivencia con el narcotráfico, no solo debe retirarse del caso de drogas esa documentación -cuyo origen fraudulento no investigó Asuntos Internos- sino que, lo cual resultaría muy importante, perdería base el auto de intervención de teléfonos que sustenta la causa contra los 16 investigados.

Engaño, ocultación y manipulación de datos

El proceder de Asuntos Internos puede, según mantienen las defensas en el caso de drogas, acabar dando lugar a la nulidad del procedimiento. Hablan de «engaño, ocultación y manipulación de datos» para conseguir que el juez diera luz verde a los primeros pinchazos telefónicos, que «nunca debió ser autorizada», dicen.

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