Casi 300 transportistas demandan al cartel de fabricantes de camiones

Miguel Ascón Belver
miguel ascón OURENSE

OURENSE

Santi M. Amil

La Diputación decidió buscar un abogado para presentar también una reclamación

25 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.

Según concluyó la Comisión Europea, los principales fabricantes de camiones pactaron durante años los precios, lo que les supuso una sanción de 3.000 millones de euros por impedir la competencia. Los vehículos se encarecieron debido al cartel y ahora los compradores pueden reclamar los sobrecostes. De hecho, en la provincia de Ourense se han unido en una agrupación de reclamantes formada por 300 empresas o autónomos. Exigirán la devolución de lo cobrado de más en 800 camiones, lo que podría suponer una inyección millonaria para el sector.

Alberto Vila, gerente de Apetamcor (Asociación Empresarial de Transporte de Mercadorías por Estrada de Ourense), explica que se calcula que los compradores podrían recuperar entre un 10 y un 15 % del coste abonado por cada vehículo. En todo caso, apunta que es necesario un informe pericial exhaustivo de cada unidad que acredite fehacientemente el sobrecoste derivado de la fijación de precios en fábrica. Según los expertos consultados, la devolución podría ascender hasta los 20.000 euros por camión.

El gerente de Apetamcor explica que se trata de un proceso muy complejo y costoso, motivo por el que los afectados ourensanos decidieron unirse en una agrupación de reclamantes. «Supón un custe moi importante e así distribúese entre todos», apunta Vila. El peritaje se está desarrollando en estos momentos y su resultado «é o que vai determinar en cada caso o sobrecuste», explica. La reclamación inicial ya está presentada y, cuando concluya el trabajo de los peritos, se irán presentado las demandas correspondientes. Este proceso supone un incordio para los transportistas afectados, pero ahora tienen al menos la esperanza de poder recuperar el dinero pagado de más por sus vehículos en su día.

En la institución provincial

Todos las empresas o autónomos que compraron vehículos de marcas DAF, Mercedes-Benz (Daimler), Iveco, Volvo-Renault, MAN y Scania entre los años 1997 y 2011 tienen derecho a reclamar la devolución del sobrecoste fijado por el cartel de fabricantes de camiones. También las instituciones públicas. De hecho, la Diputación ourensana decidió buscar a un abogado para presentar también una reclamación. Entre los decretos de los que el gobierno provincial informará en un pleno que la institución celebrará hoy aparece precisamente uno firmado por el presidente sobre ello. En él, José Manuel Baltar acuerda la contratación de un servicio de asistencia letrada para la reclamación extrajudicial «dos sobrecustes indebidamente aboados por esta Deputación pola adquisición de camións medianos e pesados». Según la página web específica que tiene el parque móvil de la institución provincial, disponen casi un centenar de este tipo de vehículos y la mayor parte de ellos fueron comprados en los años por los que se puede reclamar.

Casi todos los vehículos de más de seis toneladas entre 1997 y 2011 están afectados

El plazo para presentar las reclamaciones terminó el pasado día 6 de abril, excepto para la marca Scania, que no estaba incluida entre los fabricantes sancionados inicialmente por la Comisión Europea. En Bruselas concluyeron que esa compañía así como DAF, Mercedes-Benz (Daimler), Iveco, Volvo-Renault y MAN pactaron los precios de sus camiones medianos y pesados (los de más de seis toneladas) durante catorce años. Los vehículos afectados son todos los de las marcas citadas que fueron adquiridos entre 1997 y 2011 tanto en propiedad como a través del sistema de leasing (aunque no los de renting).

Además de reclamar el sobrecoste fijado en fábrica, los transportistas también pueden exigir la devolución de lo pagado de más por los sistemas de retención de gases. El cartel también se basaba en un pacto ilegal para repercutir a los compradores el gasto que les ocasionaba a los fabricantes la implantación de las tecnologías necesarias para cumplir con los estándares medioambientales europeos de emisiones. Además, habrían concertado cuándo introducir esas novedades en sus vehículos. En total, el sobrecoste pagado por los compradores sería de entre un 10 y un 15 %, lo que podría elevar la reclamación por vehículo hasta unos 20.000 euros (más los intereses de demora).

Tras constatar los citados acuerdos ilegales entre los fabricantes, la Comisión Europea llegó a la conclusión de que se había producido una infracción grave contra la competencia y sancionó a las empresas implicadas con unos 3.000 millones de euros en multas.