Triple denuncia penal por la gestión de las concesiones públicas
08 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.A poco más de un año de que los ourensanos vuelvan a las urnas, la política municipal volverá a mirar irremediablemente hacia los juzgados. Allí todavía colean muchos de los casos denunciados en el anterior mandato socialista y ahora sumarán, en caso de que sean admitidas a trámite, nuevas denuncias. Democracia Ourensana vuelve a repetir la política de judicializar el Concello, que tantos réditos electorales le dio en el 2015 cuando subió de dos a ocho concejales.
El partido liderado por Gonzalo Jácome regresa a la vía penal y lo hace por partida triple con denuncias vinculadas a la gestión de las concesiones municipales. «Jesús Vázquez se jactaba de traer la normalidad al Concello y tiene a sus espaldas en solo tres años más denuncias judiciales que sus predecesores Francisco Rodríguez y Agustín Fernández en los tres primeros años del mandato anterior», explica Jácome que recuerda los procesos abiertos por la supuesta contratación de un familiar de José Araújo en la empresa de la limpieza y otra de PSOE y Ourense en Común sobre el jefe de personal.
La primera de las tres denuncias presentadas ayer por DO en sede judicial tiene que ver con el volumen de concesiones municipales en precario, seis de ellas de gran envergadura económica -suministro eléctrico, agua, ORA, grúa, transporte urbano y regulación de los semáforos-. DO considera que se produce un «fraude» al ciudadano por un suministro deteriorado y porque al prolongar una concesión en precario sin licitar se está «de facto otorgando a dedo». Advierte, además, de que a corto plazo no hay visos de solventar esta situación: «Es una gestión pública deliberadamente negligente que, entendemos, debe de ser prohibida y castigada».
La segunda acción judicial se centra en el «incumplimiento sistemático del pliego de condiciones en el servicio de limpieza». Democracia Ourensana lamenta que es el ciudadano quien sufre esta situación y cree que hay hechos inequívocos del incumplimiento del servicio. «En los tres últimos años, decenas de trabajadores han cogida una baja por enfermedad, y sus puestos no han sido reemplazados por nuevas altas en la Seguridad Social, con lo cual no se proporcionó el servicio con el número de trabajadores estipulados», explica Jácome.
La tercera denuncia tiene en el foco la concesión de la cafetería del jardín japonés.
El negocio, explotado por una sociedad de la que es socia la mujer del presidente de la Diputación de Ourense, se encuentra pendiente del desahucio administrativo por subrogarse una concesión que ahora funciona bajo el nombre de La Central. Democracia Ourensana considera que «se mantiene la ilegalidad y prevaricación por parte del gobierno y dodo para no perturbar los intereses de la mujer de Baltar en su enriquecimiento ilícito por un negocio en suelo público que no cumple la legalidad. La táctica es clara, que corra el tiempo, y que se siga beneficiando de irregularidades a quienes explotan ese negocio».