El gobierno argumenta que es una obligación legal y que quiere lograr la deuda cero
28 abr 2018 . Actualizado a las 05:00 h.La Diputación agotó ayer su remanente de tesorería con una modificación presupuestaria que movilizará más de 14 millones de euros. La operación fue aprobada con los únicos votos a favor del gobierno del Partido Popular, que cuenta con mayoría absoluta. La oposición la rechazó por varios motivos, pero sus portavoces destacaron el reparto de subvenciones sin criterios objetivos y el pago de 4,2 millones de euros para la amortización de parte del único crédito bancario que le queda ya a la institución provincial.
El portavoz del PP, Plácido Álvarez, destacó la «brillante xestión» del ejecutivo e insistió en que el objetivo de los populares es conseguir deuda cero antes de las próximas elecciones municipales. Además, señaló que la amortización es una obligación legal. El socialista Francisco Fraga lo puso en duda y, de hecho, el PSOE presentó una enmienda a la modificación presupuestaria para que esos 4,2 millones se destinen a repartir ayudas con criterios objetivos para los ayuntamientos. El BNG fue más allá y su diputado Ramiro Rodríguez reivindicó que toda la modificación presupuestaria se dedicase a ese cometido.
Socialistas y nacionalistas reclaman desde hace meses que la Diputación ourensana ponga en marcha un plan único de cooperación con los concellos para cambiar el actual sistema «clientelar» de reparto de fondos. «Nós non somos nin Lugo, nin Coruña nin Pontevedra», contestó Plácido Álvarez, que reivindicó el «dereito» del gobierno popular a decidir cómo gastar el dinero de la institución. Destacó, además, que 74 de los 92 concellos reciben alguna ayuda con esta modificación presupuestaria. Algunos, añadió, no realizaron ninguna solicitud o la presentaron tarde.
Críticas a la adquisición del archivo de «La Región»
Por otra parte, Gonzalo Pérez Jácome pidió la retirada de la modificación de créditos del orden del día al advertir a los miembros del gobierno que «podrían estar incurriendo en un delito penal». Se refirió a una partida muy concreta, la del segundo pago de 900.000 euros al diario local La Región por la compra de su hemeroteca desde 1910 hasta la actualidad (incluida su edición internacional, suplementos y la Hoja del Lunes), que la Diputación adquirirá por un total de 2,7 millones. El líder de Democracia Ourensana hizo público un documento del año 2015 en el que el Consello Superior de Valoración de Bens Culturais de Interese para Galicia -dependiente de la Consellería de Cultura- dice que el valor «aos efectos de depósito» de la colección de La Región y de su edición internacional entre los años 1910 y 1967 asciende a 150.000 euros. «Es una estafa, una malversación de fondos públicos», dijo Jácome sobre el precio que pagará la Diputación. La propuesta de DO contó con el respaldo del resto de la oposición, pero no con el del gobierno. «Non ten nada que ver o que fixemos co que di o informe», dijo el portavoz del PP, Plácido Álvarez. En su momento, el ejecutivo provincial argumentó que, además del archivo físico, la compra incluye los derechos de propiedad intelectual.
Reprobación
Entre los asuntos tratados ayer en el pleno de la Diputación también había una propuesta de Democracia Ourensana para reprobar al presidente provincial. El partido de Jácome acusa a Baltar de utilizar dinero público para colocar a la institución en los primeros puestos de los ránkings de transparencia. Según dijo, se trata de «una estafa susceptible de ir a la Fiscalía», algo que hará la próxima semana, aseguró. En este punto el PP presentó una enmienda para que los grupos políticos publiquen sus gastos y Jácome interpretó que era para «disparar» a su partido, a lo que respondió que él dedica esos fondos «casi todo a comunicación». Finalmente, la propuesta de los populares fue retirada porque el secretario interpretó que debía tramitarse como una moción independiente (se debatirá en la próxima sesión).
En el pleno se aprobó un convenio para la recaudación ejecutiva de tributos, un programa de cooperación con los ayuntamientos para aplicar la normativa de protección de datos, el inicio del expediente para otorgar la medalla de oro de la provincia a Eligio Rivas o la propuesta de crear un centro de interpretación de la Vía da Prata.
PP, PSOE y DO reclaman la UME pese a que el Gobierno ya lo ha descartado
Minutos antes de arrancar el pleno, el secretario provincial del PSOE, Rafael Rodríguez Villarino, compareció en rueda de prensa para informar de que Mariano Rajoy respondió el pasado día 12 a la carta que él le había enviado para reclamar la creación en Ourense de una base de la UME (Unidad Militar de Emergencias). El Ministerio de Defensa «no considera necesario el establecimiento en estos momentos de una nueva base», dice la misiva del gabinete del presidente del Gobierno.
Pese a ello, la sesión plenaria siguió adelante con el debate de una moción presentada por el PP precisamente para reivindicar ese proyecto. «Non nos tente convencer a nós, tente convencer aos seus», dijo el portavoz socialista, Francisco Fraga, al vicepresidente primero de la Diputación, Rosendo Fernández, encargado de fijar la posición popular en este asunto. Solo el BNG se opuso a la moción y su único diputado, Ramiro Rodríguez, cedió uno de sus turnos de intervención a Óscar Rodríguez, presidente del comité de empresa del servicio de extinción de incendios de Medio Rural, quien criticó la propuesta de una base de la UME. PP y PSOE defienden que la unidad no afectaría a su trabajo.
Cabe destacar, por otra parte, que dos representantes socialistas -el exportavoz Ignacio Gómez y Miguel Bautista- se ausentaron de la sala justo en el momento de la votación. El primero explicó a La Voz que fue para atender una llamada y el segundo, para ir al baño. Aunque ninguno defendió abiertamente la idea de la UME, negaron que su ausencia fuese por ese motivo.