Los sindicatos piden a la Xunta que pare la privatización del centro de menores
14 mar 2018 . Actualizado a las 05:00 h.El comité de empresa que representa al personal laboral de la Consellería de Política Social en la provincia ourensana reiteraba ayer su petición a la Xunta para que renuncie a seguir adelante con el concurso público abierto para gestionar y dirigir el Centro de Protección de Menores Montealegre. Los representantes de los sindicatos CC. OO., CIG, CSIF, UGT, y Suma mostraban su rechazo al proceso de privatización de un servicio que consideran debe mantenerse bajo la gestión pública directa precisamente en atención a la condición de menores de sus usuarios y la obligación de la Administración de velar por la protección de sus derechos. Exigen a la Consellería de Política Social «que cumpra co dito en numerosas ocasións dende o 2012; dixo ante os medios de comunicación, ante estes representantes dos traballadores e incluso en varias intervencións parlamentarias dos grupos da oposición, que o peche era temporal polas obras que eran incompatibles co uso e que, unha vez rematadas, os traballadores recolocados noutros centros volverían ó centro de menores Montealegre», señaló Dora González, presidenta del comité.
El colectivo critica también que se haya invertido una importante cantidad de dinero público «para privatizar servizos e regalar negocio». Manuel Gallardo Canitrot, de la CIG, recordó que las obras fueron presupuestadas en un millón de euros pero hubo dos ampliaciones de 800.000 euros «o que quere dicir que se gastaron 2.600.000 euros en axeitar un centro para que agora se lle regale a alguén con un orzamento de tres millóns ó ano; o que nos parece unha barbaridade».
Lo cierto es que Montealegre no será el único centro de menores con gestión privada de Ourense. En esa misma situación están, desde hace años, el centro de reforma Monteledo y el de atención específica Montefiz -ubicados ambos físicamente en el mismo complejo que el primero-, aunque estos dos últimos están destinados al cumplimiento de medidas judiciales impuestas a menores en aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de Menor. Ambos son gestionados por la Fundación Diagrama. Monteledo tiene 37 plazas, de las que actualmente están ocupadas 20, según los datos de la Xunta; mientras que Montefiz tiene completas las 23 de las que dispone.
Necesidades especiales
El remodelado centro Montealegre sigue manteniendo su catalogación de centro de protección, aunque con la condición de «específico». Tendrá 24 plazas, la mitad de las cuales serán ocupadas por los que tengan necesidades terapéuticas y la otra mitad se destinarán a los que presenten trastornos de conducta pero que no están temporalmente privados de libertad, como ocurre con los que se ingresan en centros de reforma.
La Xunta explica que Montealegre dará respuesta a una necesidad creciente por el incremento de menores con perfiles conflictivos «que requiren dunha intervención especializada por presentar problemas de conducta, actitudes violentas, falta de acatamento das normas, etcétera». Hasta ahora los recursos de la comunidad autónoma para la atención específica de estos perfiles eran el Santo Anxo da Garda, en Rábade y la Miniresidencia Chavea en Vilagarcía de Arousa. El primero atiende a los que tienen 14 años o más con problemas conductuales y el segundo a los menores del sistema de protección que presentan algún tipo de alteración de la salud mental.
Un aspecto en el que coincide tanto el comité de empresa que representa a los trabajadores laborales de la Consellería de Política Social y la propia Xunta es que las circunstancias y necesidades de estos menores son diferentes a las de otros niños también bajo tutela pública. Cabe recordar que en régimen de protección están, por ejemplo, los huérfanos sin familia que pueda hacerse cargo de ellos, las víctimas de maltrato físico o psicológico, los que han sufrido abusos o que han sido separados de su familia biológica por incumplimiento o inadecuado ejercicio de los deberes de cuidado y guardia de sus progenitores, entre otros muchos motivos.
La Xunta destina a estos perfiles otro centro en Ourense, el centro de A Carballeira, donde por cierto fueron trasladados tanto los usuarios como los trabajadores de Montealegre cuando se cerró el centro por obras.
Los trabajadores acusan a la Xunta de haber usado las obras «para un ERE encuberto»
El cierre de las instalaciones de Montealegre en 2012 para realizar las obras de remodelación de Montealegre se llevó por delante a una veintena de trabajadores. Así lo aseguraban ayer los representantes sindicales. En su día se informó de que tan solo habría 9 despidos, ya que 26 miembros de la plantilla en aquél momento se trasladaban al centro de A Carballeira, donde también iban a ser acogidos los 24 menores que residían en el centro; y cuatro pasaban a otros servicios públicos. Sin embargo, según explican, la remodelación no se limitó a los que trabajaban en el centro en obras sino también al de A Carballeira «onde despediron tamén aos temporais para recolocar os fixos que viñan de Montealegre», apuntó Dora González. «O que se fixo aquí foi un ERE encuberto por parte da Xunta que despediu ao persoal temporal nos dous centros, que o eran porque a Administración non fai oposicións», recalcó Manuel Gallardo.
«Hemos sido engañados por la Administración autonómica; se nos ha ocultado información y no se nos ha dicho el destino final del centro Montealegre», concluía Manuel Vidueira, del sindicato Suma que considera la privatización «tan grave como si una especialidad del Servizo Galego de Saúde se privatizara». Vidueira recalcó la importancia estratégica de este servicio para la provincia «ya que aquí se encuentra una universidad con Traballo Social y otros profesionales que podían desarrollar ahí su labor». Los representantes de la plantilla aseguran además que la privatización no responde a criterios de ahorro. Dicen que los 184 euros por día y plaza que establece el pliego de condiciones para la adjudicación de la gestión del centro «é unha barbaridade, moi superior o custo público».