La violencia de género está tras 4 de cada 10 visitas al Centro de la Mujer

El servicio de la capital atendió durante el pasado año a más de mil personas


ourense / la voz

Durante el 2017 un total de 1.020 mujeres acudieron al Centro de Información a la Mujer (CIM) de Ourense, según refleja la memoria anual del organismo. Datos que dejan entrever que se trata de una entidad necesaria tanto para las víctimas como para aquellas personas que presencian casos de malos tratos y no saben cómo actuar.

El CIM es una de los principales engranajes en la capital encargado de atender reclamos y necesidades de las mujeres en situaciones de violencia de género o en riesgo de vulnerabilidad.

Un total de 405 féminas se acercaron a las dependencias de la entidad pública (ubicada en la Rúa do Ensino, número 24) por verse involucradas en una situación de violencia de género -33 de ellas víctimas de agresiones físicas, una por abuso sexual y tres por acoso de carácter sexual-.

En busca de atención psicológica, otro de los servicios que presta la oficina, se desplazaron hasta el CIM un total de 281 féminas -en su mayoría por estar dentro de una situación o convivencia machista- y 252 se acercaron hasta allí para pedir asesoramiento jurídico, 76 de las cuales lo hicieron para informarse sobre el procedimiento de divorcio.

Tan solo en la provincia de Ourense existen catorce puntos de este tipo en los que se ofrece asesoramiento y se da respuesta a las preguntas más comunes que surgen en situaciones de vulnerabilidad como los malos tratos, la prostitución, la falta de ingresos por desempleo o la orientación sexual.

Más trabajo, mismos medios

El último decreto aprobado para establecer los requisitos y regular los recursos de los CIM se aprobó el 15 de septiembre de 2016. Y, aunque en él se refleja que se trata de «instrumentos dunha importancia decisiva no ámbito local na promoción do xénero grazas ás actividades que desenvolven», lo cierto es que cortan por el mismo patrón a todos los centros, sin tener en cuenta características como la cantidad de población a la que deben prestar servicio.

Aparte de ofrecer atención y asesoramiento a las mujeres en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social, el último decreto fija que los CIM también deben ocuparse de los menores de las víctimas -o cualquier otra persona dependiente que tengan a su cargo-. En esta línea, también deberán informar y orientar al colectivo de personas lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales que reclamen sus servicios. Lo hacen con el mismo personal con el que contaban.

Además, en el artículo 3 del documento legal se aclara que «no caso de que as persoas demandantes da atención procedan dalgún concello en que exista CIM, o persoal do centro a que acudan poderá derivar a atención ao servizo do concello de orixe, salvo que algunha circunstancia apreciada pola dirección do centro en que se demanda atención aconselle que sexan atendidas fóra do seu ámbito territorial». Este punto resulta especialmente importante teniendo en cuenta que las personas con problemas de identidad sexual o violencia de género suelen pedir ayuda en municipios diferentes al de su residencia por miedo o vergüenza, según explican las profesionales de la entidad. Todo ello lleva a una situación desproporcionada en la que núcleos de población como Riós o Beade disponen de los mismos medios que municipios como Ourense.

La Casa de Acogida de la ciudad gestionó en el 2017 un total de 26 casos de víctimas

La Casa de Acogida para víctimas de la violencia de Género -cuyo servicio presta la Asociación Amaranta-Adoratrices- dio abrigo el pasado año a un total de 26 mujeres, doce de las cuales se vieron en la necesidad de llevarse a sus hijos con ellas y 16 solicitaron la ayuda por falta de seguridad en el entorno familiar. Hasta allí llegaron derivadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad, el Centro de Información a la Mujer, el de Recuperación Integral o por iniciativa propia, aunque tan solo una lo hizo de este modo.

Se trata de una cifra sangrante que no entiende de nacionalidades, puesto que catorce eran españolas, pero también hubo venezolanas, brasileñas, guineanas, marroquíes o palestinas, por citar algunos ejemplos. Las que necesitaron ser acogidas se encontraban en el amplio margen de edad de entre los 18 y los 45 años, en su gran mayoría. Aunque es cierto que la generación de entre los 36 y los 45 fue la que más necesitó este auxilio -un total de diez mujeres se encontraban en esta franja, coincidiendo también con aquella que más sufre el desempleo femenino y que más dificultades padece para abandonar un domicilio en el que pueda ser víctima de malos tratos-.

Una vez en el centro, las mujeres tuvieron garantizada la cobertura de sus necesidades básicas -y las de sus hijos- y se les ofreció la posibilidad de intermediación jurídica y talleres en los que, entre otras cosas, se reforzó su personalidad para la toma de decisiones propias -una de las primeras capacidades que se ve anulada en casos de violencia de género-.

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