La Audiencia no ve engaño ni tampoco ocultación en una imputación de estafa, denunciada fuera de plazo
OURENSE
La sentencia absolutoria coincide con la posición de la fiscalía, al considerar prescritos los hechos
24 nov 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Tenía razón la Fiscalía cuando renunció a acusar al empresario y exsacerdote José Moure Cibeira al considerar que la estafa que le imputaba otro particular ya estaba prescrito en el momento de la denuncia. El querellante, José Antonio Fidalgo, mantuvo que había sido engañado en una compraventa de participaciones de una sociedad dedicada a seguros, reclamaba 41.500 euros y pidió tres años de prisión. La Audiencia ha cerrado el caso con una sentencia absolutoria.
Es un caso de 2008. El empresario y economista José Antonio Fidalgo adquirió las participaciones de una sociedad de Moure en Mediadores Gallegos Asociados Correduría de Seguros S.A. (Megasa). El compromiso se documentó ante notario el 12 de septiembre de 2008. Se hacía constar que, según los contratantes, se abonaban 30.000 euros, aunque, como recoge la sentencia, «no consta acreditado que respondiese a la realidad». La reclamación judicial se planteó por querella en marzo del 2012. Decía el supuesto perjudicado que el acusado no había hecho efectiva la transmisión de las acciones.
La fiscalía mantuvo desde el primer momento que el delito, de existir, ya estaba prescrito por haberse superado el período de tres años. La acusación particular se apoyó en que se trataba de un estafa agravada, por lo que el período de prescripción es más largo. La sala entiende que el denunciante no aportó razones ni argumentos para sustentar el pretendido abuso de confianza.
Prescripción al margen, la Audiencia considera que «ni siquiera se puede apreciar un engaño suficiente que haya llevado al querellante a adquirir las acciones sociales». Sobre la supuesta ocultación de la situación económica de Megasa, la sentencia indica que «difícilmente se puede alegar tal ocultación» pues los datos están en el Registro Mercantil y con fácil acceso a profanos. El querellante, economista y empresario, llevaba el asesoramiento fiscal y contable de la mercantil, por lo que tenía acceso a toda la documentación.