Ourense inicia un plan para reducir las agresiones a personal sanitario

Los colegios de médicos y enfermeras dicen que solo un 10 % llegan a denunciarse


Ourense / la voz

La directriz de la Secretaría de Estado de Seguridad para poner en marcha en todo el país un nuevo protocolo de apoyo a los profesionales sanitarios frente a las agresiones que sufren en el desarrollo de su actividad, comenzaba a plasmarse ayer en Ourense. En la Subdelegación del Gobierno, y presidida por Roberto Castro, se desarrolló la primera reunión en la que estuvieron presentes representantes de las Fuerzas de Seguridad y de los colegios profesionales de médicos y enfermeras, entre ellos sus presidentes, José Luis Jiménez y Ascensión Pérez Sampayo, respectivamente.

El protocolo, tal y como explicó Roberto Castro, fijará a interlocutores de la Guardia Civil y la Policía Nacional para servir de enlace con los responsables de los centros sanitarios y los colegios profesionales para coordinar las actuaciones. Entre las medidas a poner en marcha está un análisis de la seguridad de los distintos puntos de atención sanitaria de la provincia, tanto públicos como privados. El objetivo es elaborar un mapa de riesgo en los que identifiquen aquellos que registran una mayor conflictividad. La instrucción ministerial que ordena este plan para evitar agresiones a los trabajadores de la sanidad contempla que se puedan reforzar los dispositivos de seguridad y vigilancia en el entorno, incrementando el número de patrullas en función del riesgo detectado. El protocolo también facilitará el intercambio de información para facilitar las investigaciones. Otro punto que incluye el plan son actividades formativas e informativas orientadas a que los profesionales puedan prevenir una posible agresión y sepan cómo protegerse.

Crece el número de mujeres agresoras

Las cifras de agresiones registradas en Ourense no es real. Así lo creen desde el Colegio de Médicos de Ourense, que estima que a la entidad solo llega el 10 % de las que ocurren; porcentaje similar al que, según opinan, queda registrado en los datos que la Consellería de Sanidade recoge entre sus trabajadores. «Creemos que la cifra real puede estar en torno a 40 al año», señala José Manuel Bendaña, miembro de la directiva del órgano colegial que, además, forma parte del Observatorio Nacional contra las Agresiones a personal facultativo, del Consejo General de Colegios Médicos de España.

El perfil del agresor es variable. «Algunos son usuarios, otros acompañantes, mayoritariamente son hombres pero cada vez hay más mujeres agresoras, y en principio son personas sin patologías, ni mentales ni adictivas», dice Bendaña. Relata que este tipo de reacciones violentas se desencadenan por factores diversos; bien porque no está satisfecho con la asistencia, bien porque se le niegue una demanda de un servicio concreto como puede ser una baja laboral, una medicación o una prueba».

Observatorio de enfermería

Si los casos que llegan al Colegio de Médicos son pocos, en el de Enfermería los datos tampoco reflejan la realidad, según sus responsables. «Vienen plasmándose entre cinco o seis de media anual, pero sabemos que hay más, porque son cosas que sí se llegan a comentar, aunque luego no se da el paso de denunciar», señala Ascensión Pérez Sampayo. «En enfermería tenemos una tolerancia exagerada y siempre se tiende a justificar al paciente achacándolo a la angustia por la situación que esté viviendo; no se percibe como una agresión. Y eso es un problema, porque nada puede justificar una agresión, ni física ni verbal», añade la responsable de ese órgano colegial.

Por cierto que Pérez Sampayo aprovechaba la cita para anunciar que el Colegio de Enfermería también creará un observatorio propio para hacer seguimiento y denunciar públicamente aquellas situaciones de amenazas, presiones o agresiones que se produzcan hacia los trabajadores.

Tanto los profesionales como el subdelegado del Gobierno insistían ayer que el paciente tiene cauces para plasmar esa queja por el servicio o por la falta de respuesta a su demanda sin necesidad de llegar a ese límite. «La agresión física suele ser minoritaria en relación al total, pero hay que entender que la agresión verbal, el insulto o la amenaza, enturbian de tal manera la calidad asistencial del profesional que tiene que seguir trabajando e incluso a veces atendiendo a esa persona o esa familia, que se hace insostenible», dijo Bendaña.

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