La policía vigilaba al acusado, que usaba para distribuir la droga su domicilio y un coche aparcado en las inmediaciones
05 may 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Con 76 años, curtido por un largo historial de desencuentros con la policía y con la justicia, seguramente cada vez más pragmático y menos dispuesto a la aventura, José Almeida se enfrentó ayer a una nueva imputación por tráfico de drogas. Aceptó tres años y seis meses de prisión, al aceptar la fiscalía la atenuante de drogadicción y rebajar la petición inicial de seis años de cárcel. En prisión ya está y a Pereiro regresó, después de la corta salida de ayer para acudir a la Audiencia. Cumple desde marzo del 2016 una condena de tres años de prisión por tráfico de drogas.
A José lo vigilaba la policía entre abril y mayo del 2016, pocas semanas después de que hubieran sido juzgados y condenados dos dominicanos que en noviembre del 2014 le habían dado una paliza en su casa, a donde habían acudido para comprar droga. En aquel juicio era el perjudicado. Ayer, sin embargo, le tocaba ocupar el asiento más incómodo de la sala de vistas de la Audiencia, el que corresponde a los acusados. Prefirió un acuerdo antes que el riesgo a una pena superior.
La acusación estaba clara. Habían interceptado los policías a varios compradores. Y al imputado, detenido el 20 de mayo el 2016, le habían ocupado un huevo Kinder con seis papelinas de cocaína cuando salía del domicilio y, posteriormente, en el interior de la vivienda, aparecieron 2.400 euros y una bolsa con algo más de nueve gramos de la misma sustancia estupefacientes. El valor de mercado de la droga que le fue intervenida en aquella ocasión no llega ni a mil euros.
Como centro para la venta de drogas utilizaba su propio domicilio en la calle Coruña y un coche que estacionaba cerca.
La aceptación de responsabilidad por parte del acusado pone fin a un procedimiento que era seguido con especial interés en la Audiencia Provincial. Es el primero de los que se tramitaba desde la entrada en vigor de la última reforma legal, que deja abierto el camino a la posibilidad del doble recurso, el primero ordinario ante el Tribunal Superior de Galicia y el segundo, de casación, ante el Supremo.