La junta de compensación, donde la Diputación es mayoritaria, litiga con el Concello
23 abr 2017 . Actualizado a las 05:00 h.Desinflados los ambiciosos proyectos que el PXOM del 2003 y las normas provisionales del 2011 reservaban para la finca Mariñamansa, que años después de su venta vuelve a ser en gran medida la finca de la Diputación por cuanto la institución provincial tiene el 47, 60 % en su junta de compensación, los litigios siguen enraizados en este terreno.
En las últimas décadas fue la finca motivo de litigios con protagonistas y objetivos muy distintos. Litigaron los herederos de los propietarios a quienes en su día se había expropiado para crear la desaparecida granja-escuela de la Diputación, lo hicieron los grupos políticos contrarios a la venta decidida en su día por la mayoría popular en la corporación que presidía José Luis Baltar, se sumaron particulares sin interés directo que se amparaban en una pretendida defensa del interés general, sin faltar a la cita en los juzgados las empresas -Flager, Hipercor y Galivivienda XXI- que pelearon hasta el último céntimo frente a la Diputación o el Concello de Ourense.
Las perspectivas de desarrollo son ahora mismo nulas. Ni viviendas, ni centro comercial, ni polideportivo. Hasta que se actualice el ordenamiento urbanístico, nada se puede hacer. Ello no impide, sin embargo, que la próxima semana se vuelva a hablar de la finca Mariñamansa en los juzgados, donde sigue vivo un contencioso de la junta de compensación de la llamada área de reparto AR-39-E, que reclama la aprobación del proyecto de urbanización que fue denegado por la fuerza de un regato.
El contencioso contra el Concello tiene su origen en la denegación del proyecto de urbanización presentado por la junta de compensación, en la que es mayoritaria la Diputación con un 47,60 % y de la que también forma parte Hipercor, Flager y el Concello como titular de las cesiones obligatorias recibidas de los demás. Cuando se presentó la demanda, hace un año, la finca estaba amparada por la norma urbanística provisional que la Xunta dictó en el 2011 después de que el Supremo confirmara la nulidad del PXOM del 2003.
El escenario actual es diferente, pero el litigio sigue abierto. Las citaciones son firmes desde el 26 de enero, sin que conste desistimiento de una reclamación con dudosos visos de prosperar desde que en febrero pasado puso el Supremo la puntilla, liquidó las normas que protegían los proyectos para la finca e hizo recuperar los planos de 1986.
El contencioso, sin demanda ni reclamación económica contra la administración local, se planteó para reclamar que se apruebe el proyecto de urbanización al cual el Concello de Ourense dio la espalda hace un año, condicionado por la posición de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil. «Deberá modificarse la ordenación del ámbito de forma que tanto el trazado del actual cauce, en su estado actual, como sus zonas de servidumbre e inundables queden integradas dentro de las zonas verdes del sector», decía la comisión de aguas de la CHMS en su informe del 10 de diciembre del 2014. Nada varió desde entonces. Los promotores del proyecto ven necesario reconducir el regato, invocaron la conveniencia de que el Concello buscara de la Xunta la declaración de interés público general con el fin de superar el problema, pero no encontraron eco. La salida fue un contencioso-administrativo, cuyo desenlace, sea cual fuere, tendrá un efecto relativo por la falta de cobertura en un PXOM que lo posibilite.
La ampliación del CHUO y sus accesos, muestra de aprovechamiento de este espacio
Paralizados todos los proyectos vinculados a esta finca, tanto el centro comercial como las viviendas y explotación hotelera prevista en algún momento, solo la parte del terreno cedida a la Xunta de Galicia para la ampliación del CHUO (Complexo Hospitalario Universitario de Ourense) se desarrolló a tiempo. Tanto los accesos desde la calle Nosa Señora da Saínza como la urbanización interna, viales y distribución de espacios, contó con amparo legal al haberse aprobado los proyectos de urbanización de forma separada, en previsión de retrasos -como efectivamente ocurrió- en el desarrollo del resto del AR-39-E, con parcelas destinadas a vivienda colectiva, uso terciario y compatibles (comercial), según la distribución aprobada de acuerdo con las cuotas de participación con que cuentan Concello, Diputación Provincial, Inmobiliaria Flager S.A. e Hipercor.
El futuro de este espacio, que en su día parecía clave para la expansión de la ciudad, está condicionado por la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), que el gobierno local no acaba de presentar a pesar de la situación de precariedad y vacío urbanístico que se agudizó en marzo con la anulación de la norma provisional, que devolvió vigencia al plan de 1986.