El Supremo devuelve la ordenación urbanística de la capital al año 1986

Pepe Seoane OURENSE

OURENSE

Santi M. Amil

El alto tribunal no admite a trámite los recursos de la Xunta y el Concello de Ourense, que trataban de estirar la norma provisional del año 2011

02 mar 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo, que en el año 2011 liquidó el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) del 2003, ha acabado ahora con la normativa provisional que había dictado la Xunta de Galicia en septiembre del mismo 2011 para complementar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, que entró en vigor de forma automática con la nulidad del documento del 2003. Intentaron a la desesperada la Xunta y el Concello de Ourense los recursos de casación ante el Supremo, cuando el Tribunal Superior de Galicia anuló las normas provisionales en octubre del 2016. El gobierno local, de acuerdo con el gallego, decidió ese último recurso con el evidente objetivo de ganar tiempo, incluso en contra de la opinión de los servicios jurídicos del Concello de Ourense, que anticipaban el fracaso de los recursos, como ha ocurrido. La primera sentencia del Tribunal Supremo acaba con las esperanzas que albergaban quienes impulsaron los recursos a la espera de que avancen las negociaciones políticas entre los grupos municipales para aprobar un nuevo PXOM.

La resolución del Tribunal Supremo, que no admite a trámite uno de los recursos, concretamente uno que afecta a la finca Mariñamansa, se remite a su propia doctrina, en el sentido de que existe «consolidada jurisprudencia» sobre la cuestión controvertida, esto es, que es necesaria la exposición al pública de una normativa como la que aprobó la Xunta sin haber cubierto ese trámite. Y aclara, además, que afecta tanto al trámite de aprobación provisional como definitiva.

La no admisión a trámite del primero de los recursos contra las nueve sentencias del TSXG que habían coincidido en la anulación de las normas, en base precisamente a la posición ya conocida del Supremo a raíz de un caso anterior que afectaba al municipio lucense de Barreiros, devuelve plena vigencia al PGOU del año 1986 y coloca el urbanismo ourensano, ahora sin perspectiva de solución y agitado el colchón de provisionalidad que concedían los recursos antes de que las sentencias fueran firmes, en una situación anacrónica, pues la realidad y la evolución de los últimos años ha superado con creces el documento que ampara cualquier acción de futuro.

De la falta de informes al cambiazo y a la falta de exposición público

El PXOM del 2003, aprobado durante el mandato de Manuel Cabezas, fue anulado porque le falta algo tan presuntamente irrelevante como un rutinario informe de Telecomunicaciones y porque, lo cual es más grave, no se hicieron bien las cosas en la exposición al público y se produjo, según en su momento se calificó, un «cambiazo» en algunos planos. Los tantas veces censurados pelotazos urbanísticos que amparaba aquel PXOM nunca encontraron reproche en el ámbito judicial. Ahora, la norma provisional cae por otro error de forma, al haber incorporado la Xunta ámbitos privados a las normas provisionales que propuso el Concello de Ourense, limitadas a acciones y proyectos de interés general. El gobierno gallego aprobó por decreto, sin exponer al público el instrumento urbanístico provisional, lo cual, en opinión del Supremo, priva a los ciudadanos del derecho a conocer y discrepar.