Un exconcejal será juzgado por una compra de altavoces que el Concello de Ourense nunca usó
OURENSE
Aurelio Gómez Villar quedó como único implicado en un caso de 2008 denunciado por Áurea Soto
25 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.No llegarán al banquillo de acusados ni el exalcalde de Ourense Manuel Cabezas, ni la totalidad de los miembros de la junta de gobierno del PP que en octubre del 2006 adjudicaron a Jolper Música la compra de unos altavoces por valor de 61.691 euros, pero a uno de los concejales de aquella corporación, el popular Aurelio Gómez Villar, lo tiene un poco más cerca. Había decidido el juez de instrucción que se archivara la querella de la exconcejala socialista Áurea Soto, pero la Audiencia Provincial de Ourense ordenó continuar el caso al advertir indicios suficientes para imputar al ex concejala de comercio y actual asesor de cultura de la Diputación. Ahora, el titular del Juzgado de Instrucción 2 de Ourense, Luis Doval, ha abierto el camino para que se puedan presentar los escritos de acusación. O de sobreseimiento.
El auto de transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado, con fecha del pasado 20 de enero, apunta al delito de prevaricación y ordena dar traslado de las actuaciones al ministerio fiscal y a la acusación particular, que ejerce la exconcejala del PSOE, para que en diez días pidan la apertura de juicio y presenten escrito de acusación, solicitud de archivo o, excepcionalmente, alguna diligencia complementaria.
El hecho de que la fiscalía haya pedido hasta ahora el archivo de la causa hace suponer que mantendrá esa misma posición y no acusará. El caso, no obstante, seguirá adelante con toda probabilidad, toda vez que la querellante está personada y es quien ha dinamizado la causa.
Tiene este asunto su origen en la adjudicación a Jolper de la compra de unos altavoces, por valor de 61.691 euros, el 26 de octubre del 2006 fuera del orden del día y previa declaración de urgencia. Los equipos, pagados a Jolper y suministrados al Concello de Ourense, nunca llegaron a ser utilizados. En alguna de las declaraciones incorporadas a los autos se hace constar, además, que con la norma urbanística vigente no podrían colocarse.
La adjudicación no fue sometido a procedimiento previo alguno de contratación, ni tampoco existía consignación presupuestaria para atender a esa compra.