Acusan a dos empresarios de estafa por quedarse con el dinero del paro del empleado de su restaurante

La Voz OURENSE / LA VOZ

OURENSE

Santi M. Amil

El perjudicado, personado como acusación particular, se enteró del asunto cuando la administración le reclamó los 8.100 euros que le habían ingresado y de los que no llegó a disponer

13 ene 2017 . Actualizado a las 05:00 h.

El negocio ya no existe, pero a los responsables de un desaparecido restaurante de la calle Vicente Risco, en el barrio de A Ponte, aún les quedan flecos que resolver. Entre otros, una acusación formal por un presunto delito de estafa, que la fiscalía califica de forma alternativa como apropiación indebida, al haberse quedado, según la versión que mantiene el perjudicado y el ministerio público, con el dinero del paro que debería haber cobrado el trabajador del establecimiento cuando reclamó esa cantidad. Álvaro G. Y. y Amparo C. C., que niegan la interpretación de hechos que hace el fiscal, se enfrentan a una petición de condena de año y medio de prisión. Su antiguo empleado, personado como acusación particular, eleva la solicitud a cinco años de prisión, una propuesta que la defensa, que pide la absolución, ve absolutamente desproporcionada.

El caso tiene su origen en las dificultades económicas que la empresa atravesaba a finales del año 2013. La acusación mantiene que los imputados, basándose en la confianza que el trabajador tenía con ellos y en la poca instrucción del trabajador, inmigrante dominicano, le indicaron a este que le tramitarían la prestación del desempleo y para ello abrieron una cuenta corriente en la que figuraban como autorizada Amparo. En esta cuenta, al haber reclamado el trabajador un único pago para iniciar una nueva actividad como autónomo, ingresó el INEM 8.158 euros en febrero del año 2015. De ese dinero no llegó a disponer el trabajador. La acusada retiró 1.000 euros en una primera disposición y 6.250 euros cuatro días después.

Al no haberse establecido como autónomo de una manera efectiva, el INEM reclamó al desempleado el dinero y fue así como tuvo noticia de lo ocurrido.

Los acusados, por su parte, negaron la interpretación de hechos que hace el fiscal, de acuerdo con las explicaciones del supuesto perjudicado, que dice sentirse engañado. Sostienen que ese dinero tenía como destino un último intento de salvar el negocio, pues había sido especialmente malo. El acusado afirma que todo lo actuado era fruto de un acuerdo con el propio trabajador, que aceptó ponerse como arrendatario del local, con el fin de lograr fondos para intentar reflotar el restaurante tras una temporada en la que las cuentas no salían al no haber beneficios. La mala racha era conocida por todos los implicados en el caso.

Los imputados consignan 8.000 euros en el juzgado y el fiscal rebaja la petición de pena

Llegaban los acusados a la Audiencia Provincial con una petición de condena de dos años de prisión por parte del fiscal. El representante del ministerio público la rebajó a un año y medio. Valora, de manera específica, el hecho de que los imputados hubieran consignado en la cuenta judicial los algo más de ocho mil euros que les reclama, en concepto de responsabilidad civil, para indemnizar al trabajador. Ve ese proceder como un signo de buena fe y disposición para reparar el daño antes de que se produzca una eventual condena.

La defensora de los dos acusados, por su parte, insistió en la demanda de la libre absolución de ambos al entender que no se produjo engaño alguno hacia el trabajador afectado, sino que era consciente de los motivos de la actuación, destinada a salvar el negocio y también el puesto.