El Tribunal Superior de Galicia acepta que el Supremo revise la norma urbanística de la capital

El TSXG da luz verde a la tramitación de los recursos de casación por parte del Concello y la Xunta de Galicia


ourense / la voz

Los recursos del Concello de Ourense y de la Xunta de Galicia, en contra de las sentencias que anularon las normativa urbanística provisional del año 2011 para la capital, llegarán hasta el Tribunal Supremo. Cabía la posibilidad de que el Tribunal Superior de Galicia (TSXG) no lo admitiera a trámite, toda vez el contenido de las sentencias coincide sustancialmente con la posición ya conocida del Supremo, pero no ha sido así. Estima la sala de lo contencioso del TSXG que cada uno de los escritos de preparación del recurso de casación «cumple con los requisitos exigidos», por lo que «procede tenerlos por preparados».

Hace el TSXG referencia en el auto correspondiente al escrito del Concello de Ourense cómo esta administración subraya que las sentencia objeto de recurso fijan una interpretación de normas de carácter estatal «contradictoria con la otros órganos jurisdiccionales, sienta una doctrina que puede ser gravemente dañosa para los intereses generales y afecta a un gran número de situaciones, ya que lo decidido no se circunscribe a un supuesto concreto, sino que es trasladable a toda la Comunidad Autónoma cuando por razones de urgencia tenga que suspender un planeamiento».

Por lo que se refiere al escrito de la Xunta es prácticamente idéntico, con la salvedad de que hace referencia a que la sentencia objeto de recurso «declara nula una disposición general».

Un nuevo mes de plazo

Al abrir el paso a la presentación de los recursos de casación, con el envío a la sala tercera del Supremo de los autos del procedimiento ordinario y el expediente administrativo, la sala emplaza a las partes para que comparezcan ante la sala en el plazo de treinta días para formalizar su posición en el asunto.

Las resoluciones que el TSXG notificó ayer a las partes, aunque tienen fecha del pasado 17 de noviembre, permiten prolongar en precario las normas urbanísticas provisionales que la Xunta había dictado en el 2011 con carácter urgente al confirmarse la nulidad del PXOM del 2003. Esta anulación devolvía vigencia al Plan General de Ordenación Urbana del año 1986, con lo cual algunos proyectos en marcha, tanto de interés general como privado, quedaban sin cobertura legal. Precisamente para amparar esas actuaciones, la Xunta dictó unas normas urbanísticas provisionales para anular parcialmente el PGOU del 1986 en los ámbitos concretos donde existía un abierto conflicto entre las normas. Actuaciones como la construcción del centro de salud de O Couto o el edificio judicial precisaban de esa adaptación para poder ejecutarse con amparo legal.

Se mantiene la precariedad

El hecho de que el TSXG haya aceptado los recursos, al entender que están justificados y cumplen los requisitos, traslada al Tribunal Supremo la próxima decisión. En el supuesto de que no los admita a trámite, al entender que su posición ya ha quedado suficientemente aclarada en casos como el del municipio de Barreiros, se habrán ganado unos pocos meses y prolongado la vida de las normas, aunque en situación de precariedad. Caso de admitirlo, la sentencia tardará algo más, entre año y medio y dos años, según medios profesionales conocedores de la mecánica y plazos habituales del Supremo.

La norma urbanística provisional tiene carácter excepcional a la espera de la aprobación del PXOM, que está en fase de revisión y aún no ha sido cerrado.

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