Entre las gentes del vino, eso que se ha dado en llamar «el sector», es una verdad recurrente que las cosechas son excelentes, muy buenas o, como mucha concesión, buenas. Lo normal, si se trata de vender el género. Una cosecha puede ser abundante, puede ir en la medida de los últimos años, o puede ser corta. Hasta ahí poco hay que valorar. Es lo que es. Ah, pero, cuidado si se habla de su calidad. O de su sanidad. ¿Quién va a decir que recogió uvas en mal estado, o que había apurado los tratamientos hasta el límite, o cualquier otra burrada? ¿Quién lo haría, si esa declaración va a dejar en entredicho no solo la propia decencia, sino la honradez de quienes tienen la obligación de controlar y, sobre todo, la imagen del conjunto, eso que decíamos el sector? Nadie, en su sano juicio. Solo cuando se producen actuaciones escandalosas, como la de emplear etiquetas falsas (en perjuicio de quienes se mueven con las reglas del juego y alejan la tentación de hacer trampas), entra en escena la reglamentación, incluyendo, llegado el caso, el Código Penal. Pero ni en esas situaciones se le ocurrirá a quien representa a una denominación de origen, por ejemplo, tomar la iniciativa, correr tras los micrófonos y repartir declaraciones que puedan dañar la imagen colectiva. Aun cuando, si bien se mira, sancionar o denunciar al que haya hecho trampas, denote que los más hacen bien las cosas. El norte es el interés común. Véase el PSOE, por ejemplo. Justo al revés. No es que antepongan intereses particulares, o que uno afee al otro lo que anteayer le servía: lo más desconcertante es la grosera exhibición de miserias.
Así lucen unos y otros.