La normativa urbanística de la capital resiste cinco años amenazada de nulidad

De la revisión del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), de la que son responsables los grupos políticos presentes en la corporación local, no hay noticia. La crisis económicas y la falta de iniciativas en el sector de la construcción está permitiendo sortear una situación que hubiera resultado insostenible en una etapa de expansión y crecimiento. En la vertiente judicial, sin embargo, el urbanismo ourensano no ha dejado de acumular reveses desde la anulación del PXOM del 2003, firme desde marzo del 2011 por sentencia del Tribunal Supremo. El penúltimo capítulo lo empezó a escribir ayer la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Galicia (TSXG). La ordenación urbanística provisional que la Xunta aprobó por decreto de 29 de septiembre del 2011, para aliviar los desajustes que provocaba la recuperación del a todas luces obsoleto Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986, ha llegado al límite justo el mismo día que cumplió cinco años. Los magistrados se reunieron ayer para votación y fallo de ocho de los nueve recursos pendientes. El noveno, probablemente por error, quedó para el 6 de octubre, pero sin duda alguna seguirá el rumbo de los otros.

En medios conocedores de las interioridades del conflicto se estima que el TSXG anulará la polémica ordenación, aunque, al mismo tiempo, afirman que apenas tendrá efecto práctico. Sobre todo porque con un único recurso de casación se podrá mantener artificialmente viva.

Los movimientos contra la ordenación, de hecho, se gestaron en los últimos meses del 2011, pero, pese a las dudas legales que suscitó, ya ha resistido cinco años. Con la curiosidad añadida de que nació un 29 de septiembre y el acta de defunción puede acabar teniendo la misma fecha del 2016.

Al no haberse hecho exposición al público de la ordenación, en la que incluyó la Xunta ámbitos privados para preservar eventuales desarrollos urbanísticos, con el precedente de que el Tribunal Supremo anuló un acto similar en el municipio lucense de Barreiros, entre las partes personadas en el contencioso se prevé la anulación. Actuaciones como la del centro de salud y edificio judicial de O Couto, amparadas por esta norma, están finalizadas. Y otras están verdes, como el desarrollo de los planes de Eroski, por lo que es improbable que puedan comenzar a corto plazo. El proyecto de As Burgas, por otra parte, se vería amparado por los términos de la declaración como Ben de Interés Cultural (BIC), por lo que una hipotética nulidad tampoco tendría efecto, según la versión que manejan algunos expertos en derecho urbanístico, aunque también hay quien la discute.

Xardín das Burgas, Copersa, la Asociación de Propietarios de Fincas Urbanas, Copasa y la junta de compensación del área de reparto 47-E «Rúa da Roda» son, junto con varios particulares, los recurrentes contra la norma, con planteamientos que en unos casos reclaman la nulidad total y en otros las limitan a los ámbitos privados o a acciones concretas más particulares.

Como primer demandada figura la Xunta en tanto que es la administración responsable del decreto 181/2011 de 29 de septiembre. Como codemandado aparece el Concello de Ourense. Y esta misma condición tiene también la empresa de Eroski que promueve la construcción de un centro comercial, aunque su proyecto está paralizado.

Sea cual fuere la decisión que tome el Tribunal Superior de Galicia, aunque entre las partes personadas se prevé la anulación de las normas, la vigencia de esta polémica ordenación provisional podrá estirarse al menos unos meses más. Había nacido criticada por el gobierno municipal, entonces de color socialista, por la fragilidad jurídica que veía los responsables de la administración local por la inclusión de ámbitos privados. Con todo, entre los recursos al TSXG y las cuestiones de constitucionalidad que desde la sala de lo contencioso del Tribunal Superior se planteó al Constitucional, el tiempo fue pasando y la norma ha conseguido resistir. Con la salvedad, dicen medios conocedores del procedimiento, de que ahora ?al margen de lo que hagan la Xunta, el Concello de Ourense y las partes personadas? se abre la posibilidad de que cualquier particular pueda acudir en casación al Tribunal Supremo.

Un particular basta

Solo con que haya un particular, o una empresa, que se vea perjudicada por la nulidad de las normas y necesite tiempo para completar algún procedimiento administrativo en el Concello, un recurso suspende la firmeza de lo que diga el TSXG y concede unos meses más de margen para atar eventuales flecos.

Mientras, el PXOM, que es el instrumento que dará estabilidad al urbanismo y permitirá acabar con las dudas que la norma genera desde septiembre del 2011, sigue sin salir a flote por falta de acuerdo político para superar la aprobación inicial en noviembre del 2013 con los votos de los concejales del PSOE y BNG.

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