La Audiencia da a un empresario diez días para ir a la cárcel por delito fiscal

El ex presidente de Ucosa también está condenado por apropiación y falsedad


ourense / la voz

El ex presidente de Ucosa, el empresario Óscar Sánchez Ruido, ya sabe que la maquinaria judicial se ha activado para hacerle cumplir una condena que incluye tres años y medio de prisión, una multa y más de un millón de euros como responsabilidad civil a la Agencia Tributaria y a la sociedad que gestionó la construcción del centro comercial Ponte Vella. Desde la sección penal de la Audiencia ya han comunicado a la Fiscalía, a la Abogacía del Estado y a la defensa que dispone de diez días para ingresar voluntariamente en la cárcel. Previsiblemente pedirá la suspensión.

Se enfrenta el empresario a esta situación por unos hechos del 2001, que dieron lugar a un largo procedimiento judicial, iniciado en el 2003 y cerrado este verano con la definitiva sentencia del Tribunal Supremo que lo considera no solo autor de un delito de apropiación indebida y falsedad, sino de dos de tipo fiscal.

En la actual fase de ejecución de sentencia, la Audiencia dio días pasados el primer paso con un auto de trámite, en el que notifica al afectado la firmeza de la última sentencia y el alcance de la condena. Al mismo tiempo, la letrada de la Administración de Justicia en la sección penal concretó en un decreto las medidas que corresponden al caso, entre las que se incluye la notificación personal al interesado, al margen de que con toda probabilidad ya lo conocerá, al haber sido notificado a su defensor, igual que a la fiscalía y al abogado del Estado.

Así las cosas, el empresario se enfrenta a la exigencia de pago de algo más de 500.000 euros a la sociedad Ucosa, que esta no ha reclamado formalmente. Aunque el caso arrancó en el 2003 por denuncias de varios socios, finalmente desistieron de ejercer la acusación. No así la Abogacía del Estado, que mantuvo la imputación por delito fiscal y logró la condena final por una actuación que la Audiencia no había visto merecedora de castigo.

Hacienda quiere cobrar ya

La Abogacía del Estado, de hecho, ya ha trasladado formalmente una petición para que la Agencia Tributaria pueda ejecutar por sus propios medios la sentencia en lo que se refiere a la responsabilidad civil y a la deuda con la hacienda pública. Son 605.350 euros, según la sentencia definitiva, junto con los intereses legales que correspondan desde el fraude en el año 2001.

De la «sofisticación falsaria» a las «operaciones en el ámbito urbanístico»

La revisión del proceder del expresidente de Ucosa llevó a la justicia a concluir que había incorporado facturas falsas a las cuentas de la sociedad. Los gastos simulados y la «sofisticación falsaria» a la que se refieren las sentencias no solo afectó a la empresa sino que también permitió rebajar su factura fiscal, con lo que la Agencia Tributaria dejó de ingresar 427.671 y 177.679 euros por los impuestos de sociedades e IVA del año 2001.

En las cuentas de la sociedad se había incorporado en su día un apartado de pagos por «operaciones necesarias en el ámbito urbanístico», cuyo detalle nunca se llegó a desvelar ni a aclarar, a pesar de que tan curiosa redacción había dado pie a sospechas de lo más variado.

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