n poco a perogrullada sí que suena decir que la seguridad jurídica ha de ser un pilar básico del nuevo plan de urbanismo, ese que se empezó a revisar durante el mandato de la anterior corporación y que quizás apruebe la actual. Que sea legal, vaya. Parece absurdo, pero, a la vista de cómo han ido las cosas en los últimos veinte años, hasta se podría ver como una declaración de calado. Pero no. Seguridad jurídica, dicen. O sea, que si alguien se deja una pasta para comprar unos terrenos, con perspectiva de negocio, que el riesgo sea el normal en cualquier inversión, no sea que fracase porque a alguien se le pasó incluir un informe, o alertar sobre su ausencia. Porque fue eso, al final, lo que quebró aquel cántaro, que se moldeó en el momento justo y creció al calor del bum inmobiliario.
La nulidad del PXOM llegó en un momento en el que ya habían empezado a bajar las cifras de facturación en las notarías. O sea, que el impacto es relativo. Y ello permite seguir jugando a la política a escala. ¿Alguien cree que de haberse producido la nulidad unos años antes, en un momento de vacas gordas, cuando se colocaba un cartel de próxima construcción y al día siguiente había dos pisos vendidos, Ourense seguiría sin PXOM?
¿Que no hablan? Normal, aún se resisten a aceptar los resultados de las urnas. Si el problema está en el centenar de cambios sobre la propuesta inicial, pide el alcalde a la oposición que diga con cuales está de acuerdo y con cuáles no. ¿Estarán hablando de cacicadas? ¿Se estarán retando a que digan, con DNI o razón social, a quien se beneficia, a quien se castiga y a quien relegan a la condición de ser el resto de la gente? Apasionante.