El uso de glifosato para limpiar las cunetas enfrenta a diversos colectivos con la Administración
OURENSE
Xunta y Diputación lo utilizan, pero dicen que es legal y seguro
17 jun 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El glifosato comenzó a comercializarse en el año 1974 en Estados Unidos y su uso está autorizado por la Unión Europea desde el 2002. Su eficacia como herbicida y el abaratamiento que supone este sistema frente al tradicional desbroce por métodos mecánicos ha generalizado su uso para limpiar de maleza las cunetas de las carreteras. Las Administraciones públicas que lo utilizan aseguran que es legal y seguro, pero diversos colectivos ponen en duda esa última afirmación y alertan de posibles peligros para el medio ambiente e incluso para la salud de los seres humanos.
Desde la Xunta indican que actualmente no existe ninguna normativa que impida el uso del glifosato. «Calquera persoa que reúna as condicións para poder vender, comercializar ou tratar con este produto poderá realizalo cumprindo as especificacións de cada produto que conteña esta substancia activa», explican técnicos de la Consellería de Medio Ambiente. De este modo, incluso el gobierno autonómico utiliza glifosato para limpiar las carreteras de su titularidad en la provincia.
La Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), entidad pública dependiente de la Xunta que gestiona los viales autonómicos, explica que, en su caso, combinan el desbroce con los herbicidas, aunque lo hacen «co máximo rigor e coidado», dicen. «A aplicación complementaria destes dous sistemas de control da vexetación consegue un resultado máis durable e eficiente e máis seguro [...] ao reducir a ocupación da calzada», dicen desde la AXI.
La entidad encargada de las infraestructuras autonómicas insiste en que en todo momento cumplen con la normativa vigente y que incluso van más allá: «Dentro da variedade de produtos existentes con base glifosato, dáselle preferencia ao uso daqueles do tipo triple A (AAA), os menos contaminantes para o ambiente. Os operarios que os estenden contan cos certificados de aplicador profesional requiridos para o emprego deste tipo de produtos, así como coa formación técnica e os equipos de protección individual necesarios e a acreditación da posterior xestión dos residuos».
En definitiva, según la versión oficial, si se siguen los protocolos establecidos, no debe generar ningún temor el uso de herbicidas para limpiar las cunetas de maleza. Desde el área de Medio Ambiente de la Diputación explican que la institución provincial cumple con la normativa «escrupulosamente» y, aunque admiten que «no usar un producto químico siempre es más seguro que utilizarlo», apuntan a la «baja toxicidad» de este producto y, sobre todo, a su precio. Según los cálculos que el año pasado hacía el departamento de Vías y Obras de la Diputación, el coste de limpiar con métodos mecánicos los márgenes de los 1.840 kilómetros de las carreteras de su propiedad sería de 581.915 euros. La misma operación con el glifosato cuesta 87.344 euros.
Esas explicaciones no satisfacen a los diversos colectivos que protestan por la utilización del producto, unas críticas que en los últimos meses se han multiplicado pese a que ese herbicida lleva años aplicándose. Una de las entidades que más tiempo lleva quejándose por este sistema es la Sociedade Galega de Historia Natural (SGHN). En un escrito dirigido a varias consellerías de la Xunta, a las cuatro diputaciones y al Valedor do Pobo muestran su «gran preocupación pola amplitude e alcance da aplicación masiva de fitosanitarios». Dicen que la especial configuración del medio rural gallego desaconseja su utilización. Pese a los avisos, dicen, puede haber animales domésticos que consuman hierba fumigada. Además, afirman que no se respetan las distancias de seguridad establecidas con casas y zonas cultivadas ni con manantiales o pozos, entre otras irregularidades.
Un socio de la SGHN llegó a denunciar al presidente de la Diputación ante el Servizo de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil por el uso del glifosato. Esta medida se une a las decenas de quejas que públicamente han manifestado diversos colectivos y particulares, ganaderos, apicultores y partidos.