Una ex concejala socialista se querella por prevaricación contra el juez decano de Ourense

Pepe Seoane OURENSE

OURENSE

Santi M. Amil

Áurea Soto formalizó su denuncia contra el magistrado Leonardo Álvarez en el Tribunal Superior de Galicia

09 mar 2016 . Actualizado a las 10:54 h.

La ex concejala de urbanismo de Ourense entre julio del 2007 y enero del 2015, la socialista Áurea Soto, ha formalizado ante la sala de lo civil y penal del Tribunal Superior de Galicia (TSXG) una querella por prevaricación dirigida contra el juez decano de Ourense, Leonardo Álvarez.

En la exposición de motivos de la querella, que comparte el abogado Carlos Hernández, se considera la existencia de un afán preconcebido por parte del magistrado para perjudicar a la ex concejala del PSOE, dañar su imagen y conseguir su separación del cargo. Soto había dimitido a raíz de que el juez dictara auto de apertura de juicio oral, al advertir indicios de prevaricación en la concesión de una licencia urbanística que legalizaba la urbanización de la plaza de San Antonio, locales y garajes.

En el escrito presentado al TSXG por la ex concejala y el letrado coruñés se atribuye al juez una actuación presuntamente parcial y sesgada durante la instrucción de las diligencias que llevaron al banquillo a Soto y a Hernández. Se hace igualmente referencia a supuesta connivencia y complicidad del juez con la acusación particular (ejercida por la hija de un promotor inmobiliario) y con la propia fiscalía.

Los dos acusados fueron absueltos por sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Ourense del pasado mes de enero, que no es firme y ha sido recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial.

Los querellantes, que descartan expresamente la posibilidad de un error por parte del juez, censuran que este hubiera armado toda su acusación con una supuesta manipulación de fechas en una resolución del TSXG, que es del año 2008 y aparece con fecha del 2004. De esa forma, se haría aparecer a la concejala ordenando incoar expediente de legalización en noviembre del 2007 a sabiendas de una sentencia que el juez situaba en el año 2004 cuando en realidad fue posterior.

La controversia de este asunto se centra en la legalidad de que se concediera licencia municipal al uso privativo de garaje en el subsuelo, otorgada al amparo del PXOM vigente en el momento del otorgamiento de licencia, que sí lo admitía. Aportan Soto y Hernández, en este punto, resoluciones del TSXG en sintonía con esa posición. Un auto del 2009 dejaba claro, según resaltan, que el PXOM ?admite en el ámbito litigioso la titularidad privada del aparcamiento situado en el subsuelo del espacio libre público?. La querella que llevó al banquillo a la ex concejala y al abogado cuyos informes la guiaron para legalizar esta urbanización se presentó años después, en el 2013.