En 2015 hubo 247 protestas, muy por debajo de los ejercicios anteriores
28 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.El número de manifestaciones y concentraciones realizadas en la provincia de Ourense el año pasado descendió significativamente respecto a los tres ejercicios anteriores. Los años 2012, 2013 y 2014 fueron los de mayor actividad en este sentido, según los datos proporcionados por la Subdelegación del Gobierno. Si hace cuatro años llegó a haber 360 actos de este tipo -192 de ellos no comunicados- en 2015 fueron un total de 247 las manifestaciones que se celebraron en la provincia.
No bajaron de 400, las concentraciones que se llevaron a cabo en 2013 y 2014, los de más actividad reivindicativa de todo tipo en la última década. En ambos ejercicios hubo además un alto número de protestas en la calle que no fueron comunicadas a la autoridad gubernativa. En el año 2013 hubo 217 actos que se celebraron sin la preceptiva notificación a la subdelegación. En cambio, el año pasado solo hubo 56 de estos casos no comunicados, la cifra más baja en diez años. El descenso de las concentraciones es más notable en el último semestre del año pasado y la tónica continúa en este comienzo del 2016.
Hay colectivos que se manifiestan con frecuencia, caso de los emigrantes retornados que protestan por el trato fiscal que les dispensa Hacienda, o la Marcha Mundial das Mulleres, que celebra actos semanales en el municipio de Ourense contra la violencia machista. En ambos casos, siempre fueron manifestaciones comunicadas. Los sindicatos son otras de las organizaciones que más usan el derecho de manifestación, bien sea por protestas frente a diversos ERE, negociaciones de convenios laborales o por conflictos sectoriales como en el servicio de limpieza, las brigadas de incendios o los recortes sufridos por los funcionarios, en este caso con cánticos incluidos. La temática que motiva las concentraciones o manifestaciones es amplia. Además de las cuestiones laborales, también ha habido reuniones de este tipo para protestar contra los desahucios -Stop Desafiuzamentos ha sido un colectivo activo en este sentido- por cuestiones políticas, como las convocadas por Ceivar para apoyar a presos independentistas gallegos, o para protestar contra leyes como la Lomce o los recortes en servicios sanitarios.
Este paso de avisar previamente a la Subdelegación -con un plazo mínimo de diez días y un máximo de treinta- es un requisito legal para que dé tiempo de comunicar a los respectivos ayuntamientos y tengan previsto, si es necesario, desvíos o cortes de tráfico, además de la organización de los servicios públicos que sean precisos. Los ayuntamientos deben contestar en un plazo de 24 horas y, si no lo hacen, se entiende que la respuesta es positiva, explican fuentes de la institución gubernamental. La comunicación debe incluir el recorrido y la hora de salida, además de la motivación. Si esta no es legal, no se autorizará. El año pasado, la junta electoral prohibió un acto de este tipo frente a la sede del PP.