La indemnización por la ocupación del suelo entre 1996 y 2013, valorándolo como prado, queda en 8.829 euros, lejos de los 1,2 millones que reclamaba un promotor
24 ene 2016 . Actualizado a las 05:00 h.Sea «cultivo de pataca de mediana estación», o «cultivo potencial de pradeira de cuatro anos de duración, cunha producción anual en materia seca de 8.000 kilos por hectárea de herba», la ocupación temporal del suelo utilizado para residencia universitaria entre 1996 y 2013 deberá compensarla el Concello de Ourense con solo 8.829 euros. Están cerradas estas instalaciones al haber sido anulada la licencia. Ahora, las obras de urbanización de la residencia están prácticamente rematadas, pero no así las del polígono en su conjunto. Este curso quedará en blanco, sin este servicio para estudiantes, pero en medios del campus esperan que la sociedad que promueve este proyecto llegue a un acuerdo con el Concello para desbloquear el conflicto. En la tasación de la indemnización por la ocupación no ha habido coincidencia.
Los 8.829 euros quedan muy lejos de la cantidad que pedía Casas Orense S.A., una de las sociedades que lidera el promotor Bautista Rodríguez Díaz, que reclamaba más de 1,2 millones de euros. Este ha sido uno de los muchos focos de conflicto del empresario con la administración local, significadamente con la ex concejala socialista Áurea Soto, cuya gestión fue objeto de varias querellas y acusaciones alentadas en buena medida desde el entorno de este promotor.
Había solicitado esta empresa 1,2 millones de euros, toda vez que en marzo de 1996 le fue ocupado el terreno un terreno del que estuvo privado de forma efectiva hasta julio del 2013, momento en el que se aprobó el proyecto de compensación que, entre otras cosas, posibilitó el inicio de las obras de urbanización del entorno. Reclamaba la sociedad liderada por Bautista Rodríguez una cantidad a la que llegaba aplicando intereses legales sobre la base de la diferencia de valor de los terrenos en 1996 y 2013. Contrapuso el Concello de Ourense un informe técnico de un arquitecto en el que apostaba por la «renda real mínima, dentro dos usos permitidos polo planeamento: o cultivo de pataca de mediana estación». No había explotación del terreno y optó por esa vía, con una propuesta de indemnización de 8.829 euros.
Recurrió la empresa. No ha tenido éxito. Las obras de urbanización están en marcha, el proyecto se ha desbloqueado, la residencia universitaria sigue cerrada, pero el precio del terreno, a salvo de la eventual modificación por parte de la justicia, no ha variado ni un céntimo.
Explotación agraria
El Xurado de Expropiación de Galicia ha fijado la misma cantidad, aunque el informe de valoración de la indemnización por ocupación introduce un curioso matiz, al cambiar el patatal por la pradera. Teniendo en cuenta la clasificación de los terrenos, la inclusión dentro de un ámbito de gestión y su estado, el jurado considera como rentas potenciales dejadas de percibir aquellas correspondientes a la explotación agraria de los terrenos.
«Tendo en conta a capacidade productiva do solo, dos datos que figuran no expediente, da ortofotografía da zona, e outros datos de interese, este xurado asigna o cultivo potencial de pradeira de catro anos de duración», dice el informe comunicado al Concello de Ourense acerca del proyecto expropiatorio por la ocupación temporal de parcelas en el polígono de suelo urbano de la llamada zona 4 del SU-25 del plan general de ordenación.
Con la salvedad, según dice el tribunal, de que no constan en el expediente datos para determinar la renta real que se ha dejado de percibir, por lo que el valor se calcula por su renta potencial, «aquella que poida ser atribuíble de acordo cos usos e actividades máis probables de que sexan susceptibles os terreos, de conformidade coa lexislación e normativa que lles sexa de aplicación».
En definitiva, patatal o pradera, los 1,2 millones pretendidos por el empresario se quedarán en 8.800 euros, con los intereses que se le puedan añadir.
Las obras de urbanización, sea como fuere continúan adelante después de que se hubiera abortado uno de los planes estrella del anterior gobierno local.+
Un capítulo más en las acusaciones contra Áurea Soto
La licencia de apertura que el gobierno local de Ourense concedió en febrero del 2011 para la apertura de la residencia universitaria -luego anulada por sentencia judicial- dio lugar a una querella contra la exconcejala Áurea Soto y el abogado que firmó el informe que la sustentaba. Apreciaba un delito de prevaricación la empresa que lidera el promotor Bautista Rodríguez Díaz. El juez de instrucción decidió archivar el caso, al no hallar indicios delictivos. El asunto se mantiene abierto, no obstante, al estar pendiente de resolución por parte de la Audiencia Provincia un recurso en contra del archivo provisional.