La exconcejala Áurea Soto, juzgada por prevaricación, aprovecho su último turno para censurar también a la fiscalía
18 nov 2015 . Actualizado a las 17:15 h.La exconcejala de urbanismo de Ourense, la socialista Áurea Soto, en un juicio que su abogada calificó previamente como político, acusó de parcialidad a la fiscalía y al instructor de la causa que la llevó al banquillo. Juzgada por prevaricación, como presunta responsable de haber legalizado la explotación de un aparcamiento privado en subsuelo público, amparada en informes de un abogado externo porque los jurídicos municipales defendían el carácter público del subsuelo, aprovechó la última intervención para refrendar la línea de defensa y afirmar que estaba allí sentada «porque era imprescindible para echarme del gobierno municipal».
Áurea Soto, para quien el ministerio público pide diez años de inhabilitación, atribuyó la imputación a que «la instrucción y el fiscal oculten los autos del TSXG, los informes y todo lo que contradice con rotundidad su pretensión». En una intervención que llevaba escrita aseguró que el juez instructor había llegado a «falsificar» un auto del TSXG de 15 de enero del 2009, «elimina el párrafo verdadero y lo falsifica entrecomillando otro que no existe: y lo hace porque el párrafo verdadero, al rechazar la Sala y no apreciar causa alguna de nulidad, infracción patente, procedimiental o de fondo de la normativa aplicable, le impide que se plantee ningún tipo de discusión sobre la concesión de las licencias ante la jurisdicción penal».
Censuró la exconcejala cómo la reiteración de denuncias contra ellas habían sido acogidas en los juzgados de Ourense, que las «aceptaban con una sumisión impropia de una institución que debe de tener por guía la independencia y la defensa de los derechos ciudadanos». «Pedí ayuda a la fiscalía -remató- pero no estaba aquí, estaba y está en otro sitio: en el mismo que había estado durante los doce años anteriores, cuando se llevaban el 10% municipal, cuando se cambiaban los planos del plan general, cuando se recalificaban las Burgas, sin el menor reproche penal».