USO lleva al juzgado el caso por una presunta prevaricación
09 abr 2015 . Actualizado a las 05:00 h.El anulado nombramiento de Carmen Rodríguez Dacosta como directora xeral de Personal del Concello de Ourense llegará a la vía penal. El sindicato USO presentó ayer una denuncia en el juzgado de guardia y en la fiscalía contra toda la junta de gobierno por un presunto delito de prevaricación. Entre los políticos a los que salpica esta acción judicial se encuentra el candidato del PSOE a la alcaldía de Ourense. José Ángel Vázquez Barquero estaba entre los seis políticos que votaron a favor de ese nombramiento el pasado 4 de julio del 2013 y que acababa de ser anulado por la justicia al entender que no se justificó su elección en lugar de los otros aspirantes a la plaza.
La querella del sindicato USO también afecta al actual alcalde, Agustín Fernández, y a las concejalas Marga Martín y Ana Garrido, además de los ya exediles Áurea Soto y José Carlos Martínez Pedrayo. A esa reunión, pese a ser miembros de la junta de gobierno, no acudieron las concejales denominadas díscolas María Devesa, Mónica Vázquez y Susana Bayo.
En la argumentación de la denuncia, el sindicato considera que en el caso de la plaza de Rodríguez Dacosta ?estaba fijada una retribución anual de 45.892,70 euros? se «reconoce abiertamente que se debía únicamente a la imposibilidad de mantenerla como concejala no electa». Añaden que el único propósito de los denunciados, tal y como se vierte en el fallo del juzgado contencioso-administrativo, es el de mantener en sus funciones a una persona determinada.
Por todo ello, consideran que «esta actuación, así como la maquinación orquestada políticamente, no dejan concebir duda alguna acerca de que conocían la ilegalidad de la pretensión que tenían y han dictado una resolución manifiestamente arbitraria y contraria a derecho a sabiendas de su injusticia». Así, pretenden que se tome declaración a todos los miembros de aquella junta de gobierno del 2013. Además, consideran que el alcalde trasladó una competencia a la junta de gobierno cuando corresponde al pleno.
Cuando se conoció la anulación ?a principios de marzo? el alcalde alegó un defecto formal y nombró a Marga Martín como responsable de Personal.
Las desimputaciones
Por otro lado, el sindicato USO anunció también que solicitarán la documentación pertinente al Juzgado de Instrucción nº 1 de Ourense por el proceso de las asistencias técnicas: «Pese a que el fiscal está actuando de oficio, estudiamos la posibilidad de recurrir las desimputaciones del actual alcalde y de Carmen Rodríguez Dacosta».