El juez recibe la documentación solicitada para cerrar el caso de las asistencias técnicas externas
OURENSE
Encauzado el caso de la plaza de San Antonio, después de que el fiscal concretara acusación contra la concejala Áurea Soto y el juez dictase el auto de apertura de juicio oral, el turno le llega ahora al asunto de las asistencias técnicas, en el que también ha prestado declaración como imputada la edila socialista. La documentación que el instructor reclamó del Concello de Ourense el pasado mes de diciembre, después de que hubiesen acudido a declarar los últimos imputados en el caso, ya obra en su poder. Podrá el juez, de este modo, cerrar la instrucción y concretar si aprecia algún indicio de delito y por parte de quién o quiénes.
Las partes contaban con esa resolución clave -de archivo o transformación de las diligencias previas en procedimiento abreviado- después de las últimas declaraciones, como el propio juez había anticipado a los abogados personados en la causa.
El juez ha pedido expresamente al Concello de Ourense una certificación sobre las distintas responsabilidades en las áreas de urbanismo y rehabilitación, para las que prestaban servicios los profesionales contratados por el sistema de las asistencias técnicas externas. El informe, que con fecha del 14 de enero suscriben la oficial mayor del Concello y el alcalde, detalla los distintos decretos de delegación de competencias, nombramientos y ceses de la concejala socialista Soto (cuya reciente renuncia se consumará el martes) y los exediles nacionalistas Alexandre Sánchez Vidal, Andrés García Mata, Manuel Herminio Iglesias, Iolanda Pérez Docampo, Fernando Varela y Xosé Somoza. Igualmente, detalla los períodos de mandato como directores de rehabilitación de Xosé Carballido y Xosé Somoza, del BNG.
Desde el año 2007
El informe se abre con referencia al decreto 2892 de junio de 2007, en el que se atribuían responsabilidades a Áurea Soto y Alexandre Sánchez Vidal. El más reciente, de 13 de noviembre del 2012, es el que delegaba en favor de Áurea Soto todas las competencias de urbanismo y urbanismo, tras la ruptura del bipartito PSOE-BNG.
La denuncia por este tipo de contratos fue presentada por el sindicato CIG, con el apoyo de USO, apuntando directamente hacia el grupo socialista: el alcalde, la responsable de recursos humanos y la de urbanismo. El juez, sin embargo, acabó extendiendo las imputaciones al entorno nacionalista, toda vez que parte de las contrataciones se habían renovado para atender áreas que eran competencia del BNG durante los años en los que funcionó el bipartito.
Los imputados han dicho al juez que se limitaron a mantener una forma de contratar legal, necesaria para poder realizar la gestión urbanística municipal.