El fiscal pide 9 años de cárcel para un acusado de violación a una vecina
19 dic 2014 . Actualizado a las 05:15 h.El supuesto «comportamiento licencioso» de una mujer, dueña de sus actos y de su voluntad, no puede influir en modo alguno a la hora de valorar si fue víctima de una agresión sexual. Lo resaltó ayer el fiscal en su informe final en un caso de violación. La defensa de Antonio A. G., de 53 años, niega la imputación y sostiene que hubo sexo consentido con la denunciante, a quien aquel pagaría 50 euros. Suspendida la vista oral en otra ocasión al no haber sido posible localizar a la víctima, que reside en el Reino Unido, el caso quedó ayer visto para sentencia. El fiscal y la acusación particular reafirmaron sus posiciones de partida, con solicitudes de condena de nueve y doce de años de cárcel, respectivamente, que en el caso de las peticiones de indemnización por daños morales suben de los 30.000 a los 90.000 euros.
El incidente que da lugar a este procedimiento ocurrió durante la madrugada del 18 de julio del 2010. Antonio y la víctima, que se conocían, se encontraron en un bar de Pazos, en Lobios. Tomaron algo juntos y decidieron marchar a una discoteca. Ella aceptó con la condición de que regresarían cuando se lo pidiera y la llevaría a casa. El hombre decidió ir a un local de Lindoso, en el vecino Portugal, en vez de ir a Entrimo, como habían quedado. Estuvieron hasta altas horas de la madrugada y de regreso, a la altura de Aceredo, el conductor salió de la carretera y dirigió el coche hacia un lugar que, según constata la Guardia Civil, es conocido por ser frecuentado por parejas en busca de intimidad. Allí, según la versión del acusado, a cambio de cincuenta euros, mantuvieron relaciones sexuales. Consentidas, insistió ayer.
Relaciones anteriores
La mujer, que denunció el hecho transcurridas quince horas, con la dificultad de prestar testimonio con traductor, aseguró que había intentado escapar, que fue golpeada y que fue violada.
El problema, a juicio del fiscal, es que el acusado «creía que tenía derecho a hacerlo», al ser una persona a quien conocía y con quien, al parecer, había tenido relaciones con anterioridad. En un caso, según el imputado, a cambio de dinero.
La defensa hace una interpretación diferente. Aparte de negar la acción violenta a que se refiere la acusación, subraya que los informes de los médicos forenses no corroboran de forma determinante la agresión física. Sostiene, contrariamente, que es el marido de la presunta víctima quien provocó la presentación de la denuncia y quien convenció a la mujer para que acudiera a la Guardia Civil. Era el marido quien amenazaba a la mujer y quien, según el defensor del acusado, le provocó los moratones que alguna testigo le había visto en las piernas con anterioridad al suceso. El fracaso de la relación de pareja de la víctima y su marido daría base a que este último tuviera animadversión hacia el acusado.