La declaración como imputados cierra el caso de las asistencias técnicas
16 dic 2014 . Actualizado a las 05:25 h.El caso de las asistencias técnicas en el Concello de Ourense, iniciado por una denuncia de la CIG apoyada por USO, cubrió ayer su última fase en la instrucción. Salvo sorpresas, según la impresión de los abogados que asistieron a las declaraciones de los últimos imputados, el juez cerrará el asunto esta semana. Por el momento, el peor parado ha sido Xosé Somoza, que a primeros de mes dimitió como concejal del BNG al recibir su citación para declarar como imputado. No ha sido, de todos modos, el único afectado por este caso, pues también la exconcejala Iolanda Pérez, entonces en el BNG, renunció a un puesto de responsabilidad interna en AGE, de la que era responsable local.
Para Xosé Somoza fueron ayer diez minutos ante el juez, para decir que había estado poco más de dos meses como director xeral de rehabilitación del Concello de Ourense en un gobierno PSOE-BNG y que, en ese tiempo, no contrató a nadie. Se limitó a dar continuidad a otros.
La línea argumental de Somoza, hasta ahora el único para quien este asunto ha tenido coste político directo, coincide con la de los otros cuatro imputados que acudieron ayer al juzgado, todos exconcejales o exresponsables de rehabilitación en el gobierno local ourensano. En su momento, en el BNG.
El exteniente de alcalde, Alexandre Sánchez Vidal; el exconcejal Manuel Herminio Iglesias y el también ex edil Fernando Varela volvieron a verse con Xosé Carballido, exdirector xeral de rehabilitación. Mantuvieron una posición coherente y similar.
Heredaron un sistema de contratación de asistentes técnicas externas y se limitaron a mantenerlo, según razonaron, para poder atender las exigencias de la oficina del casco histórico y las áreas de rehabilitación integral (ARI), que también dependían de su departamento.
Con la presencia en el palacio de justicia de Ourense de estos cinco excargos del BNG concluye la ronda de declaraciones en un caso que arrancó con una querella cuya redacción apuntaba a la concejala de Urbanismo, la socialista Áurea Soto; la responsable de personal en el gobierno socialista, Carmen Rodríguez Dacosta, y los últimos regidores de este mismo partido: el actual, Agustín Fernández, y su antecesor, Francisco Rodríguez.
A medida que avanzó la instrucción, la relación de imputados se amplió al entorno nacionalista, dado que varias de las personas contratadas estaban formalmente adscritas a áreas gestionadas por el BNG durante el bipartido. Fue por ese motivo por el que primero citó el juez a Andrés García Mata y después a Iolanda Pérez, que sucedió al edil de infraestructuras cuando dimitió a raíz del caso de los paneles.