Ourense: Archivada la denuncia del secretario de Xinzo al alcalde por coacciones

El ya exsecretario del Concello de Xinzo, Demetrio Martínez Martínez, y su secretaria adjunta, Patricia Hernández, dejaron su cargo debido a los conflictos que los enfrentaban con el alcalde de la localidad, Antonio Pérez, del PP. Tales fueron los desencuentros entre los trabajadores y el político, que los funcionarios acabaron denunciando al regidor por coacciones y revelación de secretos. El motivo, entre otros, que Pérez había encargado a la Policía Local la incautación del ordenador del secretario. La jueza que lleva investigando el caso desde principios de este año concluye que esa maniobra no supone la comisión de ningún delito.

Para entender el caso hay que remontarse a finales del año pasado, cuando el gobierno municipal se veía acosado por las denuncias que la Abogacía del Estado estaba presentando contra el Concello por contrataciones irregulares de personal. Hasta en nueve ocasiones la Justicia anuló contratos realizados por Antonio Pérez, que sostiene que nunca fue advertido de ello por los funcionarios municipales pese a que sí aparecieron informes redactados por Demetrio Martínez y Patricia Hernández.

El día 18 de noviembre, el alcalde ordenó la incautación del ordenador del secretario municipal con la intención de demostrar que esos documentos habían sido elaborados con posterioridad a las contrataciones con la supuesta intención de los funcionarios de cubrirse las espaldas por no haberle advertido antes de las irregularidades existentes. Previamente, según los funcionarios, el alcalde les habría intentado presionar para que falsearan informes, incluso con una visita al hospital cuando uno de ellos estaba ingresado tras sufrir un accidente de tráfico.

Pues bien, después de tomar declaración a las partes y practicar diversas diligencias, la jueza ha ordenado, tal y como pedía la Fiscalía, el sobreseimiento provisional y archivo de esas actuaciones. La responsable del Juzgado de instrucción número uno de Xinzo concluye que «no aparece debidamente justificada la perpetración del delito». No existe, dice, «indicio alguno» del de descubrimiento o revelación de secretos, «en tanto que el objeto de la incautación del ordenador no fue la obtención de secretos privados pertenecientes al secretario, sino la comprobación de la fecha efectiva de creación de determinados documentos que figuran incorporados en diversos expedientes administrativos». Tampoco, añade, la jueza, hay indicios del delito de coacciones en la medida tomada por el regidor para aclarar el contenido del ordenador.

Recurso

Fuentes jurídicas apuntan que con el sobreseimiento no se ha cerrado definitivamente el caso puesto que los funcionarios ya habrían presentado un recurso contra esa decisión judicial. Quien no lo hará es el propio alcalde, Antonio Pérez, que ayer se felicitaba por las conclusiones a las que llegó el Juzgado. No en vano, con el archivo de las actuaciones, el regidor deja de estar imputado en esta causa, aunque sigue estándolo en otra sobre prevaricación por las mismas contrataciones que originaron el conflicto con los funcionarios.