En caso de imputar al regidor, por ser senador el caso pasaría al Supremo
05 oct 2014 . Actualizado a las 12:05 h.Que Juan Manuel Jiménez Morán, además de alcalde de Verín, es senador es un hecho público y notorio. Entonces, ¿por qué motivo un juez debe preguntar formalmente a las instituciones si lo es? Porque es necesario comprobar documentalmente esa condición cuando se investiga judicialmente a un miembro de la Cámara Alta, que tiene el privilegio de aforado. En el caso de llegar a imputarlo por la presunta comisión de un delito, esa circunstancia haría que el caso pasase directamente a manos del Tribunal Supremo. Así ocurrió, por ejemplo, cuando un juzgado de Lugo investigaba a José Blanco por la operación Campeón. Pues bien, la investigación de sobrecostes en unas obras de Verín podría seguir el mismo camino.
El juez verinense que lleva el caso, Roberto Porto García, envió un oficio al Parlamento gallego para que esta institución confirmase si Juan Manuel Jiménez de Verín continúa ostentando el puesto de senador. Se lo preguntó a la cámara autonómica porque, además de los representantes elegidos por los ciudadanos de forma directa, el Senado lo forman también políticos designados por sus respectivos parlamentos autónomos. Jiménez Morán es uno de ellos.
Así lo ha certificado ya la presidenta de la cámara gallega, Pilar Rojo Noguera. Según han confirmado fuentes parlamentarias, con el «visto e prace» de esta, el secretario de O Hórreo, José Manuel Balseiro Orol, ha firmado un documento para responder al Juzgado y aclarar que el alcalde verinense fue designado senador en representación del Parlamento gallego en un pleno celebrado el día 29 de noviembre del año 2011.
Ese documento ha sido incorporado ya a las diligencias abiertas por los supuestos sobrecostes en dos obras de Verín. En ese contexto, la comprobación de que Jiménez Morán es aforado no es algo casual. Si el juez instructor tomó la decisión de documentar esa condición fue porque se lo pidió el Ministerio Fiscal en base a que el regidor fue quien firmó el acta de recepción de las obras a las que se refiere el procedimiento. Si el alcalde no tuviese nada que ver con la investigación, esa comprobación carecería de sentido.
En todo caso, el proceso está en marcha y es imposible pronosticar cuál será su resultado. Sin embargo, existen, básicamente, dos posibilidades. Una de ellas sería que efectivamente el juez decida imputar al alcalde de Verín por uno o varios delitos relacionados con esos supuestos sobrecostes (las diligencias previas se abrieron por prevaricación administrativa). En tal caso, el Tribunal Supremo se haría inmediatamente cargo de todo. La otra posibilidad es que el juez de instrucción de Verín concluya que no existen indicios suficientes de la comisión de ningún delito y archive el procedimiento sin necesidad de llegar a imputar al alcalde. Todo está, pues, en manos del magistrado.