Intentó vender un kart robado, sin saber que el cliente era su dueño

p. s. ourense / la voz

OURENSE

El implicado pretendía cobrar mil euros por un vehículo comprado por cien euros

01 oct 2014 . Actualizado a las 05:20 h.

Iba a ser una operación redonda, que reportaría un beneficio proporcionalmente muy jugoso, pero acabó siendo un fracaso para el intermediario, que pasó por la incomodidad de la detención por parte de la Guardia Civil, su imputación en un procedimiento judicial y una condena a ocho meses de prisión. Mal podía suponer Aarón M. R. que el cliente que había encontrado para un kart, previamente robado por otra persona, era el legítimo dueño del vehículo.

El caso, que ayer quedó cerrado con una sentencia y una pena a la que el implicado prestó conformidad, es del año 2011. El acusado adquirió un kart por cien euros, sabiendo de su ilícita procedencia. Había sido sustraído entre los días 30 y 31 de mayo en una finca de la localidad de Soutelo de Cartelle, domicilio del padre del propietario.

Foto en el móvil

El vehículo, sin que conste quien fue el autor material del robo, llegó a poder de Aarón, que pagó cien euros por él. Lo tuvo en su poder durante unos días y el 12 de junio, poco después de haberse producido la sustracción, se lo ofreció al dueño. Se encontraron en A Valenzá, hablaron, surgió el tema y el acusado ofreció el kart a su dueño, que disimuló su sorpresa cuando aquél le mostró una imagen del vehículo que tenía en su teléfono móvil. Fingió tener interés en la compra y alertó, al mismo tiempo, a la Guardia Civil. Quedaron tan solo dos días después de la oferta de venta en un asentamiento de caravanas situado bajo el puente de la A-52.

Con la Guardia Civil

El precio convenido había sido de mil euros, a pesar de que la tasación pericial del vehículo limitada su valor a seiscientos euros, pero el vendedor no logró completar la operación al ser detenido por los agentes de la Guardia Civil que acompañaban al dueño del kart.

El acusado no puso obstáculos y aceptó la condena. Sin antecedentes penales y sin que en el caso haya que valorar circunstancias modificativas de la responsabilidad, su pena es de ocho meses de prisión. La fiscalía pedía dieciocho, pero al existir conformidad rebajó la petición.