Un informe externo
Cuando Áurea Soto acordó incoar expediente para la legalización de las «obras ejecutadas y usos autorizados» en la plaza de San Antonio, lo hizo apoyándose en un informe del letrado Carlos Hernández López, del Colegio de Abogados de A Coruña, «a quien acudió ante la imposibilidad de obtener un informe de los jurídicos del ayuntamiento que respaldasen la actuación de la concejala», resalta el juez en el auto dado a conocer ayer. Imponía la concejala, según la valoración del instructor, que las conclusiones del expediente se hiciesen de acuerdo con el informe de su abogado de confianza.
Leonardo Álvarez hace mención a que la concejala defendió «a capa y espada la titularidad privada de dicho subsuelo —el del párking— a pesar de existir una sentencia firme que ponía de manifiesto la titularidad pública del mismo». Para evitar que el acuerdo de 5 de diciembre del 2007, que legaliza la urbanización en todos sus extremos, pudiese volver a ser revisado por los tribunales a iniciativa de la particular que aún litigaba con el concello, la concejala «optó por promover un acuerdo» con esa indemnización «desorbitada».
