El PSOE pide amparo por la negativa de la Diputación a facilitar un listado con los nombres del personal
11 jul 2014 . Actualizado a las 07:20 h.La oposición repite insistentemente que el enchufismo sigue vigente en la Diputación de José Manuel Baltar. Admiten que las contrataciones de la institución se han restringido, pero creen que el gobierno provincial del PP ha encontrado sistemas alternativos para dar trabajo a personas afines al partido. La empresa creada por la entidad para la gestión integral del ciclo hidráulico (AquaOurense) es, según aseguran, uno de los refugios de ese supuesto enchufismo y el PSOE solicitará amparo al Valedor do Pobo para confirmar esas sospechas.
Inicialmente, el grupo socialista de la Diputación solicitó la información directamente al gobierno provincial. El PSOE quería saber, con nombres y apellidos, quienes integran la plantilla de la empresa, creada en el año 2008 junto a Aquagest. Esa compañía privada dispone del 66 % de la sociedad y la Diputación, del 34 % restante. Precisamente, el hecho de que se trate de una sociedad mixta, que se regula por la legislación mercantil, es la excusa que la Diputación utilizó para no revelar la identidad de los trabajadores de AquaOurense. Esa es la conclusión a la que llega el secretario de la institución, Francisco Cacharro, en un informe solicitado por el gobierno provincial.
Así pues, pese a que el PSOE insistió en sus preguntas, la respuesta no varió. «Sospeitamos que nesta empresa entraron a traballar familiares de cargos do Partido Popular e mesmo familiares directos do actual presidente da Deputación, José Manuel Baltar. É por isto que sospeitamos que o actual presidente se ampara en informes dos técnicos para non facilitar a listaxe de contratados en AquaOurense», dicen los socialistas a través de un comunicado difundido ayer. En él, señalan al máximo responsable de la institución provincial como un «vendedor de fume que só el se cre a farsa sobre a rexeneración democrática na Deputación».
A la espera de un informe
Mientras, desde el gobierno provincial insisten en que la decisión de no facilitar al PSOE los nombres de los trabajadores se tomó atendiendo a los informes técnicos del secretario. Este concluía que, debido a la complejidad legal del asunto, sería procedente hacer una consulta a la Agencia Española de Protección de Datos. El gobierno provincial ha hecho caso de esa sugerencia y ha trasladado el caso a esa entidad para que se pronuncie. Según asegura el gabinete de comunicación de la Diputación, no existe ninguna intención de ocultar información a la oposición, si no de cumplir la ley. Si Protección de Datos dictamina que el PSOE puede acceder a la identificación de los trabajadores, se les facilitará inmediatamente, dicen.